Madrid, 23 de octubre.

Luego de la derogación de la llamada doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un grupo de 36 presos de la organización independentista vasca ETA reclamó su liberación inmediata en cumplimiento con la legislación y tras haber cumplido sus respectivas condenas.

El protocolo de actuación en estos casos no fueron aclarados ni por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ni por los representantes de la Fiscalía, que, en contra del procedimiento habitual de aplicar la doctrina a todos los afectados, han asegurado que analizarán caso por caso de forma separada y a petición de los presos.

El pasado lunes la Gran Sala del Alto Tribunal europeo emitió un fallo histórico, en el que dictaminó como un atentado a los derechos elementales y que violaba de forma flagrante al menos dos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la política penitenciaria que se aplica en el Estado español desde el 2006 a los presos de ETA.

El espíritu de la llamada doctrina Parot consistía en prolongar de forma retroactiva las condenas de los miembros de ETA, quienes a pesar de haber cumplido sus condenas se quedaban en la cárcel al no reconocerles los beneficios penitenciarios ni las reducciones de condena que por ley se habían ganado. La primera en ser liberada en virtud del fallo del Tribunal Europeo fue Inés del Río, quien estuvo en prisión 26 años, acusada y condenada de participar en varios atentados en los que murieron 27 personas. Esta ciudadana cumplió cinco años más de condena, por lo que también se ordenó que fuera indemnizada con 30 mil euros.

Tras su liberación el martes, el Estado español no entregó la indemnización al argumentar que lo entregaría más bien a las familias de las víctimas de sus atentados, una vez que durante el juicio se declaró insolvente para pagar la indemnización millonaria que decretó entonces el juez.

A Del Río le ha seguido ahora el reclamo de liberación de 36 presos de ETA, y de hecho el próximo viernes se reunirá el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para analizar la fecha de liberación de los etarras Josefa Mercedes Ernaga y Juan Manuel Piriz López y qué procedimiento sigue para tramitar todas las peticiones de revisión de sentencias ejecutorias que han solicitado el resto de etarras.

Mientras la justicia se pone al día ante la violación de derechos de los presos de ETA, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) confirmó una manifestación para el próximo domingo en la que reclamará al gobierno de Mariano Rajoy que incumpla la sentencia de Estrasburgo y mantenga en la cárcel a los prisioneros.

A la protesta acudirán entre otros el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, la también esposa del ex presidente José María Aznar.