Familiares realizaron misa junto a sede de Minera México
Domingo 20 de octubre de 2013, p. 34
La organización Familia Pasta de Conchos y otros grupos que pugnan por el rescate de los cuerpos de 63 mineros que permanecen enterrados en un socavón de Industrial Minera México, apremiaron al gobierno federal para que se inicie el peritaje con base en el cual se haría la excavación correspondiente.
Pese al compromiso federal de concretar el rescate, la empresa interpuso una demanda para evitar el procedimiento y evadir responsabilidad
en la explosión del 19 de febrero de 2006 en la mina 8, unidad Pasta de Conchos.
A la par, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudia el caso y, de acuerdo con los grupos civiles y familiares involucrados, no se descarta que pase la estafeta al gobierno federal para que sea éste el que asuma los costos del rescate y de la indemnización a familiares.
Este sábado se realizó, como cada día 19, una misa en memoria de los 65 mineros muertos (sólo fueron rescatados dos cuerpos). La celebración religiosa –oficiada por José Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro– es también una manifestación pública, junto a las oficinas corporativas de Minera México, en Polanco, con la única consigna ¡Rescate ya!
Manuel Padrón, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral, precisó que hasta el momento no se ha alcanzado un convenio para el rescate y la indemnización respecto de quién asume los costos. Se ha dicho, en instancias federales, agregó, que la responsabilidad y los trabajos deben ser asumidos también por el grupo industrial, el cual emitió una negativa implícita al momento de presentar ante el Poder Judicial una solicitud de amparo.
Afirmó que ante las dos vías que hay para que se pueda ejecutar el rescate debe prevalecer la voluntad política del gobierno mexicano. Por ejemplo, dijo, en las primeras acciones promovidas por la Procuraduría General de la República, no se convocó al especialista en minas asesor de la organización Familia Pasta de Conchos.
Según los primeros cálculos de la propia PGR, una vez concluido el peritaje, el proceso de rescate demoraría incluso un año.