l profesor indígena bilingüe Alberto Patishtán seguirá en la cárcel. No es saqueador hermano de un saqueador ex presidente de la República, ni autor intelectual del asesinato de un columnista denunciante de narcopolítica, ni famoso tratante de drogas ni cómplice o protegido de grupos de vuelta en el poder. Por ello deberá cumplir la sentencia de sesenta años de prisión que le fue asignada, aun cuando las deficiencias en el procesamiento judicial en su contra han generado un amplio movimiento en pro de su liberación justiciera, que ha incluido en fechas recientes la visita en su celda de personajes como el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas; el comisionado del gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, y el propio gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello (su liberación sería un acto de justicia, dijo en julio pasado este mandatario).

Patishtán, a quien se considera preso político, fue acusado de participar en la emboscada de una patrulla chiapaneca en 2000. En ese ataque murieron siete policías y resultó herido el hijo del presidente municipal de El Bosque, Manuel Gómez Ruiz, contra quien el maestro tzotzil encabezaba una lucha en demanda de freno y castigo a la corrupción practicada por esa administración. Los defensores han demostrado que Patishtán estaba reunido con otros profesores, en Huitiupán, mientras la emboscada se desarrollaba. Pero nada ha hecho cambiar el criterio de los juzgadores. En marzo pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar el caso.

Y ayer se desahogó el último recurso de la defensa, un incidente de reconocimiento de inocencia que el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, declaró infundado sin pronunciarse respecto de la responsabilidad penal del sentenciado sino estableciendo que no procede una nueva valoración de pruebas porque el expediente ya es cosa juzgada. Ahora sólo queda la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la posibilidad de un indulto que Patishtán se niega a solicitar a Enrique Peña Nieto, pues considera que sería aceptar su culpabilidad.

A ese mismo ámbito de voluntad personal a partir de la valoración de circunstancias políticas y sociales han transferido los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la posibilidad de distender su lucha actual. Sólo él, EPN, puede dar respuesta positiva a alguno o a algunos de los tres puntos que la comisión negociadora dejó ayer sobre la mesa de trabajo forzadamente instalada, con el secretario de Gobernación al frente. El controversial formato de las obstrucciones viales neurálgicas fue la única llave que pudo abrir las puertas de Bucareli al máximo nivel y no en instancias menores de esa misma secretaría o de Los Pinos, como desdeñosamente pretendían hacerlo las autoridades federales.

Y, a pesar de que Miguel Ángel Osorio Chong pretendía que la reunión con él fuese concluyente, la CNTE planteó tres puntos a resolver: la derogación de las modificaciones constitucionales (en los artículos 3 y 73) realizadas para cumplir con la reforma laboral y administrativa en el ramo educativo, el veto de EPN a esos arreglos legislativos y una reunión directa con él. No hubo acuerdo que se diera a conocer al término de la reunión, aunque lo allí hablado sería sometido a asambleas con los profesores, pero sí una encarecida petición de Osorio para que los manifestantes dejen libre la plancha del Zócalo capitalino para la celebración de las fiestas patrias.

El problema de fondo no está en la noche del 15, pues en un caso extremo Peña Nieto podría optar por encabezar las ceremonias en Dolores Hidalgo, Guanajuato, sino en el desfile militar que en este año difícil celebrará el centenario de la constitución de esas fuerzas armadas con un despliegue de poderío al que han invitado a participar a representantes de ejércitos de otros países. La conmemoración formal del estallido de 1810, que confrontó a los poderes establecidos, requiere ahora del desalojo (incluso violento, si se llegara al punto extremo) de profesores independentistas que ejercen sus derechos y pelean contra actos del poder público que consideran deben ser enfrentados con insurgencia.

En su campamento instalado en el corazón simbólico del país, los profesores deberán valorar la reacción mediática, política y represiva que un régimen puesto en jaque de resonancia internacional es capaz de desatar en defensa de una imagen de preservación institucional. La administración gerencial de Peña Nieto no puede regalarse la oportunidad de ceder una plaza para evitar un baño de sangre, pues con tantos problemas acumulados y con una creciente insatisfacción social cada vez más explícita, ese poder civil formal depende de manera vital del sostén de las armas institucionales.

Para completar el cuadro del alineamiento de todos los poderes contra la insurrección civil desatada por los profesores apareció en escena el hombre cuya enorme riqueza contrasta, sintetiza y se explica a partir de la miseria de millones de mexicanos, Carlos Slim Helú: están provocando, más que resolviendo el problema, y están poniendo en riesgo la imagen de los maestros.

Astillas

En gira por la Huasteca potosina, Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno asume los costos correspondientes a la reforma fiscal (a la que por razones de etiquetación sexenal insiste en llamar hacendaria). Ya el virrey Videgaray ( Virregaray, propuso con ingenio la tuitera Claudia Benassini) ha aceptado la posibilidad de que se busquen alternativas al punto del impuesto a las colegiaturas (tema que algunos quisquillosos suponen que es un artificio concebido para distraer la atención respecto a otros puntos delicados y al final ceder en lo de los pagos escolares). Y la homologación del IVA en las zonas fronterizas también se ha ido atorando. Pero EPN defiende integralmente su propuesta, convencido de que las medidas impositivas que propone no pueden ser populares pero, estima, sí necesarias… ¡Feliz fin de semana!

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