Los jóvenes que fueron sometidos a proceso por los disturbios del pasado 1° de septiembre pusieron en evidencia a las autoridades, a las que acusaron de crear una red de complicidades entre las diferentes instancias de procuración de justicia, con el fin legitimar el uso de la violencia y coartar el derecho a la libre manifestación.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expusieron las irregularidades en que incurrieron los policías de la Secretaría de Seguridad Pública durante su detención. Gustavo Ruiz Lizárraga mencionó: Nos sembraron mochilas y botellas. Nos llevaron a dar vueltas y antes de presentarnos ante el Ministerio Público estuvimos en un cuartel de la policía.

Estela Morales Castillo, del Colectivo Regeneración Radio, señaló como responsable de las arbitrariedades al titular de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y cuestionó que su administración sea de izquierda.

El asesor legal de los jóvenes, Leopoldo Maldonado, manifestó que en la ciudad de México ya no sólo se criminaliza la protesta, sino también la libre expresión. Dio a conocer otras anomalías que, según él, se cometieron durante la detención de los jóvenes, como presentarlos en agencias del Ministerio Público que estaban fuera de la jurisdicción; fueron llevados a Milpa Alta, Magadalena Contreras, Xochimilco y Tláhuac, a pesar de que los hechos fueron en el centro de la ciudad.

Resaltó que el juez 23 preponderó los testimonios de dos policías para acusar a los jóvenes, a pesar de que le fueron presentados seis videos, 18 fotografías y hubo un interrogatorio con cada uno de los jóvenes como pruebas de su inocencia.