n el contexto del escándalo por la difusión de las acciones de espionaje cometidas por el gobierno de Washington contra el presidente Enrique Peña Nieto –según un documento divulgado el fin de semana pasado en la televisión brasileña–, comienza a proliferar información sobre el empleo de prácticas similares por las autoridades mexicanas hacia la población del país. Según información proporcionada por Wikileaks a La Jornada, ejecutivos de empresas dedicadas a vender servicios y productos de espionaje cibernético –Gamma Group y Hacking Team Ht Srl– han realizado diversas visitas a nuestro país. En tanto, el abogado Jesús Robles Maloof, representante del colectivo ContingenteMX y de Propuesta Cívica, indicó a este diario que al menos tres dependencias federales –la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y el Estado Mayor presidencial– emplean el servicio de monitoreo e intercepción de datos FinFisher, software malicioso que se aloja en las computadoras y celulares y permite obtener datos informáticos en grandes cantidades.
Estas revelaciones dan cuenta de una circunstancia paradójica: si bien la expansión de las tecnologías de la información ha tenido un impacto favorable en la configuración de las sociedades contemporáneas, toda vez que las ha provisto de herramientas de comunicación horizontal e inmediata y ha alentado el surgimiento y desarrollo de nuevos medios de información, el mismo proceso ha derivado también en factor de vulnerabilidad e indefensión para los usuarios de esas tecnologías –que constituyen un sector amplio y creciente en países industrializados e incluso en naciones como México–, quienes ven amenazada su privacidad en distintas vertientes: desde la comercial, que busca la conversión de los usuarios en consumidores mediante un uso poco ético de la información personal, hasta la delictiva, que se vale de la información confidencial rastreada en los sistemas informáticos para seleccionar a las víctimas de ilícitos como la extorsión, el secuestro y toda suerte de fraudes cibernéticos.
Según se desprende de la información referida, los gobiernos nacionales se han sumado al contingente de actores y organizaciones que practican el espionaje informático mediante el empleo de productos tecnológicos de dudosa legalidad y, al hacerlo, fomentan un crecimiento poco esperanzador de la industria correspondiente, por más que las empresas y las autoridades afirmen tomar las previsiones necesarias para evitar un mal uso de la información obtenida. En efecto, la afirmación de las compañías de que sus equipos y programas de espionaje sólo pueden ser adquiridos por gobiernos y no por particulares resulta poco tranquilizadora, habida cuenta de que muchos de los regímenes que emplean esos productos –caso concreto del gobierno estadunidense– son violadores sistemáticos de derechos humanos. Por su parte, la aseveración de los gobiernos de que el uso de estas tecnologías está orientado a garantizar la seguridad nacional y a prevenir hechos delictivos queda desmentido a la luz de episodios como el referido espionaje contra Peña Nieto, que demuestran que el aparato de recolección de información de Washington está dedicado a investigar de manera furtiva las actividades y comunicaciones de políticos prominentes y de sus equipos de colaboradores.
En el caso de México, la información que documenta la presencia de desarrolladoras de equipos de espionaje en el país y el uso de esos sistemas por corporaciones de seguridad pública y nacional resulta tanto más preocupante habida cuenta del silencio que han guardado al respecto las recientes administraciones federales. Hasta ahora, lo único que se sabe es que el aparato gubernamental dispone de herramientas tecnológicas que le permiten interceptar información personal a escala masiva, seleccionarla, desencriptarla y acceder a ella, y esa sola circunstancia da cuenta de un accionar ilegal de la institucionalidad supuestamente encargada de hacer cumplir el estado de derecho.
Es urgente, pues, que la administración federal en turno informe a la sociedad sobre los alcances e implicaciones de esas prácticas y abra un debate sobre los límites entre lo permisible y lo ilegal en la vigilancia de los intercambios informáticos.
