México recibió 7 por ciento (625 millones de dólares) de los recursos destinados para cambio climático generados a escala global en 2012, lo que coloca al país como el primero en recibir estos fondos, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Detalló que en promedio se generan cada año alrededor de 8 mil millones de dólares para hacer frente al calentamiento global. Esta cifra, consideró, es insuficiente para lograr la meta internacional, ya que los expertos estiman que se requieren entre 80 y 120 mil millones de dólares.

Explicó que la mayor cantidad de recursos que recibe México proviene de las instituciones financieras multilaterales. Agregó que hay alrededor de 3 mil 400 millones de dólares que se encuentran pactados, pero no implementados, y en su distribución sectorial 51 por ciento se asigna al sector forestal, seguido de 33 por ciento para medidas de adaptación, así como 7 por ciento para transporte, 5 para proyectos de eficiencia energética, 3 para energías renovables y el resto para agricultura, desarrollos rural y de capacidades. Esto, de acuerdo con el documento La arquitectura financiera del cambio climático en México, elaborado por el Cemda.

El director del Cemda, Gustavo Alanís, consideró que la sociedad civil debe tener un papel vigilante de las acciones del gobierno, sobre todo para transparentar y rendir cuentas respecto de los recursos públicos que deben destinarse a resolver problemas tan graves como los que ocasiona el cambio climático en el país.

Indicó que el estudio hace un exhaustivo análisis de los mecanismos de financiamiento internacional, nacional y privado, busca alinear la información disponible de los recursos que ingresan a México por diferentes fuentes y la forma en que se aplican a escala nacional, a través de qué mecanismos, instituciones y metodologías.   

Algunas de las conclusiones del estudio son desarrollar capacidades y lograr que la política de cambio climático sea transversal y que los instrumentos de planeación se vinculen con las necesidades financieras de cada sector; desarrollar mecanismos innovadores de financiamiento; fomentar la capacidad de medir el impacto de las acciones y proyectos en reducción de emisiones de bióxido de carbono equivalente (CO2e), así como los cobeneficios y desarrollar metodologías e indicadores que midan el impacto de las acciones financiadas a nivel nacional para cambio climático.

Además, contar con reglas de operación para todos los programas públicos que buscan incidir en el cambio climático y generar indicadores de impacto y de seguimiento.