Al negarse a aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por haber entregado de forma equivocada los restos de una persona que murió en la explosión en la Torre de Pemex, a una familia que no le correspondía, la Procuraduría General de la República (PGR) está incurriendo en una actitud grosera e inaceptable, que revictimiza a los afectados.

Así lo afirmó el primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero, quien lamentó que además de negar su responsabilidad por el error, la institución dirigida por Jesús Murillo Karam se haya declarado incompetente para analizar una queja en su contra interpuesta por las familias agraviadas.

Es muy preocupante tener una respuesta de no aceptación, porque en el momento que está viviendo el país debe prevalecer el compromiso por la cultura de la legalidad, indicó el funcionario en entrevista.

Además de la negativa por sí misma, nos preocupa la forma en que responde la PGR, porque si bien admite que se trató de un error, dice que éste es atribuible a los familiares que hicieron la identificación del cadáver, y por eso no puede saber qué derechos humanos violó.

Como se informó en estas páginas, la CNDH explicó en su Recomendación 28/2013 que los especialistas forenses de la PGR le entregaron un cuerpo equivocado a los familiares de una mujer que falleció en la explosión del 31 de enero de este año en el edificio B2 de la Torre de Pemex, cuyo saldo fue de 37 muertos y decenas de heridos.

Familiares, en shock

Aunque los parientes de la víctima la identificaron visualmente, se comprobó que los peritos no consideraron la posibilidad de que ellos pudieran equivocarse por estar en un estado de shock, y nunca tomaron la precaución de verificar por su cuenta que los datos básicos de la filiación del cuerpo coincidieran con la persona indicada.

El resultado, lamentó el primer visitador, es que una familia tuvo que hacer dos velorios –uno con el cuerpo equivocado y otro con el correcto– y otra recibió a su ser querido cuando ya había sido cremado, sin tener la certeza de que se trataba de él.

No conforme con lo anterior, la PGR se negó a admitir una queja de las familias afectadas por este caso, al argumentar que no tiene competencia para analizar el tema.