La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el pasado 16 de junio el caso de la activista Digna Ochoa y Plácido, lo cual representa una oportunidad para demostrar que fue asesinada y no se trató de un suicidio como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Así lo indicaron David Peña, Karla Michel Salas y Miriam Pascual, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes subrayaron la importancia de dicha resolución para reivindicar la imagen de la defensora de los derechos humanos y poner en evidencia la vulnerabilidad de dicho gremio.

En conferencia de prensa, los litigantes explicaron que 12 años después de la muerte de Ochoa –el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México–, la CIDH finalmente admitió el caso tras considerar que las investigaciones de las autoridades capitalinas no fueron adecuadas ni efectivas.

La procuraduría del DF parece haber hecho todo lo posible por ocultar el homicidio y proteger a los responsables, a pesar de que los resultados de sus primeros peritajes indicaban que lo de Digna se trataba de un homicidio, lamentó David Peña.

Fue justo cuando las indagatorias comenzaron a apuntar hacia Rogaciano Alba, cacique de la zona de Petatlán, Guerrero –hoy preso en el penal de Puente Grande por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa–, que la PGJDF dio un giro a su actuación de manera inexplicable y empezó a fortalecer la hipótesis del suicidio y a enfatizar los supuestos problemas personales de la activista, recordó.

El nivel de avance de la investigación por homicidio era tal, señaló el abogado, que incluso se había llegado a la conclusión de que en el crimen habrían participado dos personas, pero a la llegada del entonces subprocurador de Averiguaciones Previas, Renato Sales Heredia, el curso de la misma cambió totalmente.

Por su parte, el hermano de la activista, Jesús Ochoa, expresó mediante un enlace telefónico que la aceptación del caso por la CIDH les permitirá comprobar que se trató de un asesinato. Incluso se comprometió públicamente a dar a conocer el nombre y la ubicación del responsable del delito una vez que termine la investigación del organismo interamericano.

Vamos a limpiar la imagen de mi hermana, que tanto ha manchado la PGJDF, y demostrar que la hipótesis del homicidio no estaba errada, enfatizó.

Tras la aceptación del caso por la CIDH, los abogados representantes de la víctima tienen hasta el 5 de diciembre para enviar sus argumentos a la sede de la Comisión Interamericana en Washington. Después, el Estado mexicano tendrá la oportunidad de defender las investigaciones de la PGJDF, lo cual dará lugar a un intercambio de puntos de vista por escrito.