e acuerdo con información difundida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el primer semestre de 2013 los grupos financieros que operan en el país obtuvieron ganancias sin precedentes, equivalentes a 61 mil millones de pesos, casi 18 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Significativamente, el crecimiento en las utilidades del sector ocurre con el telón de fondo de una economía nacional estancada: como informó recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el país suma 11 meses consecutivos de desaceleración y el Banco de México ha moderado las expectativas de crecimiento económico para este año a entre dos y tres por ciento, estimación que parece incluso optimista, de acuerdo con proyecciones de analistas y de algunos grupos financieros.

Una razón fundamental de esta aparente inconsistencia es que las utilidades del sector financiero, controlado casi en su totalidad por entidades trasnacionales, no son empleadas para financiar el desarrollo de actividades productivas y la generación de empleos en el país, sino mayoritariamente transferidas en forma de dividendos a sus filiales en el extranjero. Apenas hace unas semanas el banco BBVA dio a conocer que los ingresos de su filial mexicana ascendieron a mil 160 millones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó más de 30 por ciento de las ganancias globales de la trasnacional española.

La circunstancia descrita da cuenta del carácter falaz del precepto neoliberal de que para distribuir la riqueza primero hay que generarla. La realidad es que la riqueza se genera, y en cantidad suficiente, pero es precisamente la falta de mecanismos eficientes de distribución lo que deriva en que se profundice la brecha entre los potentados y amplios sectores de la población, así como en una menor participación de los primeros en el financiamiento de actividades productivas, lo que se refleja, a su vez, en un creciente déficit de empleos y en una retroalimentación de la circunstancia de postración económica por la que atraviesa el país.

Es pertinente, por último, ponderar estos datos a la luz de la reforma energética presentada el lunes por el gobierno federal, que preconiza la apertura de ese ramo al capital privado mediante figuras como los contratos de utilidad compartida.

Habida cuenta de los vicios y las distorsiones que marcan el funcionamiento de la economía nacional –y que permite cuantiosas ganancias para el sector financiero incluso en tiempos de desaceleración–, cabe cuestionar la premisa de que la privatización total o parcial del sector energético derivará en mayor generación de empleos y en un abaratamiento de los costos de la electricidad y los combustibles, como afirman los promotores de la reforma.

La experiencia en décadas recientes indica que la transferencia de sectores de la economía a manos privadas, fundamentalmente a consorcios foráneos, redunda en un ensanchamiento de la riqueza de éstos, no en beneficios para el interés general.