ué habría sido de este país y de sus famélicos habitantes si el gobierno y sus empresarios –o al revés– hubieran cumplido siquiera una mínima parte de los abundantes cuan fantásticos beneficios que prometieron en cada una de las muchísimas privatizaciones que concretaron en las últimas tres décadas? México sería el paraíso, sin duda; sus nativos, envidia de los noruegos, y no existiría índice de desarrollo humano capaz de medir en su exacta dimensión el bienestar alcanzado.

Qué maravilla. Pero, ¡lástima!, que el hubiera no existe, y en el centro de la terrible realidad nacional está el hecho de que esos gobiernos y esos empresarios mexicanos a lo largo de los últimos 30 años institucionalizaron el cuento de la lechera como política pública. Cómo estará la cosa, que el inventario de dichas ofertas resulta infinitamente más grueso que el elevadísimo número de empresas estatales y sectores económicos privatizados en ese lapso.

Cinco gobiernos al hilo, con la nueva oligarquía criolla a su lado –o al revés–, armaron tremenda campaña propagandística para justificar el desmantelamiento del aparato productivo de la nación (léase la venta de garaje a precios de ganga): se trataba de adelgazar a un Estado obeso para detonar el desarrollo y colocar al país entre las potencias del primer mundo. Así, la parte pública se reducía a su mínima expresión (dieta rigurosa, para atender las urgencias sociales) y el capital privado (los amigos del régimen) se convertía en el nuevo propietario de la nación, porque él sí sabe administrar.

Por esa ruta transitó todo: banca, telecomunicaciones, carreteras, líneas aéreas, ingenios azucareros, acereras, aeropuertos, ferrocarriles, satélites, fertilizantes, petroquímica secundaria, gas, generación eléctrica, y lo que se quede en el tintero, que es mucho. Pero nada cambió en cinco sexenios consecutivos, salvo el crecimiento vertiginoso de las fortunas de unos cuantos, porque el desarrollo nunca detonó, el inventario de promesas creció y creció, se multiplicaron los rescates del capital privado con recursos públicos (qué bueno que él sí sabe administrar), el gobierno se quedó igual de obeso que de ineficiente y los mexicanos siguen envidiando a los noruegos.

Pero no queda allí. Se instaló el sexto gobierno al hilo, y mantiene el cuento de la lechera como política pública. Con el asunto de la privatización que nada privatiza en el sector energético, el inquilino de Los Pinos y su gabinetazo ofrecen, entre otras, las siguientes maravillas: mayores inversiones y mejores empleos; las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas; si aprovechamos esta gran oportunidad se habrán de crear cientos de miles de nuevos empleos; si llevamos a cabo esta reforma bajará el precio de la luz y del gas; nuestro campo se beneficiará con una mayor producción nacional de fertilizantes (industria nacional privatizada en los años 90), que éstos habrán de ser más accesibles y, en consecuencia, México tendrá mayor producción de alimentos y a mejores precios; las empresas tendrán más y mejor energía, podrán ser más competitivas, crecerán y podrán contratar a más personas y a mejores salarios; tendremos tecnologías de vanguardia; recuperaremos lo mejor de nuestro pasado para conquistar el futuro; un punto adicional al PIB (originalmente dijeron que dos); aprovecharemos al máximo los recursos del país, y lo que se acumule.

¡Uf!, qué banquete. Y ello nada más en el sector energético. Basta recordar lo prometido con las reformas laboral y educativa, para no ir más lejos. El problema es que, palabras más o menos, esa es la misma oferta que los gobiernos anteriores, cada cual en su turno, hicieron en cada una de las muchísimas privatizaciones efectuadas en tres décadas. ¿Hay algo distinto hoy en el ambiente y en las prácticas político-empresariales del país como para llegar siquiera a suponer que ahora sí cumplirán con lo ofrecido? Absolutamente nada.

Cómo olvidar las promesas de Felipe Calderón (reducir las tarifas de energía eléctrica, una de ellas) cuando presentó su reforma energética (8 de abril de 2008). Entre otras cosas, ofreció (cualquier similitud con lo actual no es coincidencia): “aprovechar al máximo el potencial de nuestra industria petrolera y fortalecer a Pemex; hace 70 años la visión del general Cárdenas supo darle futuro a México, y hoy nos toca a todos los mexicanos actuar también con verdadero patriotismo; la iniciativa no busca privatizar; (sin la reforma) estamos dejando de recibir algo así como cien mil millones de pesos anuales y con ese dinero hubiéramos podido multiplicar por cuatro el presupuesto de Oportunidades; no se propone modificar la Constitución; estaremos en condiciones de garantizar un mejor futuro para nuestros hijos; el Estado podrá garantizar plenamente el acceso a la educación de calidad y a la cobertura de salud de todos los mexicanos; recursos para vivir mejor: más escuelas, medicinas, clínicas, hospitales, caminos, carreteras, puentes, agua potable, drenaje, electricidad, vivienda, preparatorias y universidades; una palanca de prosperidad que nos permita superar definitivamente la pobreza; aprovechemos esta riqueza para dejarle a nuestros hijos una nación más fuerte, más justa. Un México más próspero y plenamente desarrollado”. Y el Congreso se la aprobó. Echen cuentas.

Y también están los contratos de servicios múltiples de Fox (con ellos reduciremos las importaciones de gas natural y aprovechar los recursos naturales para transformar a México en un país autosuficiente, según dijo), por medio de los cuales la cuenca gasífera de Burgos se concesionó al capital privado. Hoy el gobierno federal informa que en 1997 México importaba uno por ciento de este combustible; ahora 33 por ciento.

En fin. De las promesas a los hechos. En esos 30 años, los mexicanos vieron pasar los sexenios de la renovación moral (Miguel de la Madrid), la solidaridad (Carlos Salinas de Gortari), el bienestar para las familias (Ernesto Zedillo), el cambio (Vicente Fox) y el de para vivir mejor (Felipe Calderón), y lo único que obtuvieron fue un par de severísimos adelgazamientos: el de la infraestructura productiva del Estado y el propio.

Las rebanadas del pastel

De lo bien que la reprivatización bancaria democratizó el capital (Salinas dixit) da cuenta el informe que ayer divulgó la CNBV: tres grupos financieros acaparan 57 por ciento de los activos del sistema que opera en el país… Mejor aún, en seis meses la reforma laboral generó 118 mil desocupados más, y contando.

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