n coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer datos concisos y exasperantes sobre la situación que enfrenta ese sector: de los 11.3 millones de integrantes de los pueblos originarios en México, alrededor de 72 por ciento (8.2 millones) se encuentra en pobreza. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, recordó que sólo 57 por ciento de los indígenas tiene acceso a instituciones de salud, 22.6 por ciento sigue viviendo en casas con piso de tierra y 27.3 por ciento es analfabeta.
La precaria realidad socioeconómica que enfrentan los pueblos indios –el eslabón más débil dentro de un grupo de por sí empobrecido– se suma al historial de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos. En años recientes las comunidades originarias han padecido una guerra de despojo de sus territorios y sus recursos naturales a manos de empresas extranjeras y grupos de poder fáctico legales –mineras, compañías energéticas e inmobiliarias, entre otras– e ilegales –talamontes, paramilitares, cárteles del narcotráfico–, en muchas ocasiones con la complicidad de las autoridades.
Por lo demás, casos como el del profesor tzotzil Alberto Patishtán, quien enfrenta un encarcelamiento a todas luces injusto desde hace más de dos sexenios, resultan ilustrativos de la circunstancia que tienen que padecer los integrantes de estos pueblos cada que se tienen que relacionar con autoridades policiacas, judiciales y ministeriales. Según cifras de la propia CNDH, más de 8 mil indígenas están actualmente en las cárceles del país, la mayoría de ellos como consecuencia de violaciones al debido proceso, por falta de asesoría jurídica e intérpretes o por ausencia de recursos económicos para el pago de fianzas.
Como ha ocurrido en otros ámbitos de la vida pública, el actual gobierno federal no ha podido o no ha querido adoptar medidas que permitan iniciar una transformación profunda en la situación que padecen las comunidades indígenas en el país, a pesar de que los puntos de arranque obligados están a la vista: uno de ellos, de importancia fundamental, es la recuperación, en sus términos originales, de las reformas constitucionales y legales que surgieron del diálogo en San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las cuales fueron desvirtuadas a su paso por las cámaras legislativas hace más de tres lustros, y cuya desatención ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos indios por parte de la institucionalidad y de diversos sectores privados.
Hoy las expresiones de simpatía y solidaridad hacia los pueblos indios, y las manifestaciones de preocupación gubernamental por su situación resultan del todo insuficientes. Se necesitan hechos.
