El titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino Aguilar, se pronunció por hacer una revisión a la Norma 26, que busca promover la construcción de vivienda de interés social, ante los casos de violaciones en su uso cometidas por desarrolladores.

Se requiere una evaluación, ver qué está pasando con la normatividad, cuál es la afectación en la calidad de vida de las personas que habitan las áreas donde se desarrollan esos proyectos, dijo el funcionario, entrevistado luego de la inauguración del Seminario latinoamericano sobre judicialización del conflicto urbano ambiental.

Sobre el seminario, Miguel Ángel Cancino, señaló que los jueces han sido marginados de los conflictos urbano ambientales, de allí que es necesario puedan entrar de fondo a este tipo de casos y que no se vean sólo como cuestiones administrativas.

De su lado, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda ( Seduvi), Simón Neumann Ladenzon, señaló que la práctica que se ha detectado es que las inmobiliarias utilizan el citado ordenamiento para edificar complejos habitacionales alegando que se trata de casas de interés social, pero finalmente son vendidas a precios que rebasan los 30 salarios mínimos mensuales que la regla estipula.

Entrevistado por separado, dijo que a la fecha se tienen identificados cinco casos, pero reconoció que hay más y estamos trabajando en ellos. Agregó que la dependencia a su cargo estará al pendiente de que no se viole dicha normatividad en cuanto al precio.

Neumann Landenzón defendió la utilidad del ordenamiento, pues uno de sus propósitos es redensificar las zonas en las que se requiere vivienda de interés social, por lo que hay que evitar que se abuse de ella.

Por otro lado, el funcionario manifestó que si bien hay solicitudes para instalar gasolineras en bajopuentes no se ha autorizado ninguna; sin embargo, advirtió que no se trata de un tema de capricho y que los proyectos que cumplan con el reglamento deberán ser aceptados.