Buenos Aires, 18 de julio.

El 19 aniversario del cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue hoy escenario de críticas al acuerdo firmado recientemente entre los gobiernos de Argentina e Irán para tratar de resolver definitivamente la situación entrampada por intereses externos, que tratan de imponer la propia visión de los hechos sobre una justicia verdadera, local con pruebas y evidencias inapelables.

El atentado dejó 85 muertos y graves daños en el barrio popular donde se produjo la voladura del edificio y desde donde se ayudaba a los sectores menos favorecidos de esa comunidad.

¿Qué interés pueden tener en encontrar a los culpables cuando niegan el asesinato de seis millones de personas?, se preguntó Leonardo Jmelnitzky, presidente de la AMIA, que como el gobierno de Israel y de Estados Unidos, desde el primer día enfocaron a Irán como el responsable, a pesar de que el país asiático no tenía motivo alguno para atentar contra una nación, con la cuál había establecido diversos acuerdos comerciales.

La insistencia en acusar a Irán, sin pruebas concretas y por deducciones de los servicios de inteligencia de Washington y Tel Aviv han cerrado un círculo, que incluso se reflejó en el entorpecimiento y las irregularidades por las cuales debió cerrarse el juicio, lo que lo costó su cargo al juez Juan José Galeano y a sus ayudantes, con la sola excepción de Alberto Nisman, ahora a cargo de la causa y que en sus fundamentos para pedir la extradición de altos funcionarios del gobierno iraní, maneja los mismos elementos de tesis y argumentos que expusieron los gobiernos israelí y estadunidense.

Ante la situación de que esto ha llevado a un punto sin retorno, ya que Irán requiere pruebas concretas y por sospechas no están dispuestos a entregar a sus funcionarios, el gobierno de la prtesidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner llegó a un acuerdo para que los abogados, fiscal y jueces -como hicieron con algunos testigos- viajaran a Teherán, además con un grupo de personalidades ajenas a ambos países como veedores, para interrogar allí a los acusados sospechosos de alguna intervención en el atentado.

Incluso el discurso principal de hoy culminó con una severa crítica a los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo por la lentitud en los procesos que investigan la denominada conexión local y el encubrimiento del atentado.

Elogiaron en cambio al fiscal Nisman, quien ha presentado un dictamen, denunciando no sólo a Irán como responsable, sino la existencia de una red terrorista iraní en la región.

El presidente de la AMIA, Leonardo Jimelnitzky. en su discurso contra Irán habla de que ese país ignora el la existencia de campos de concentración (nazis) lo que nos genera desconfianza con respecto a las verdaderas intenciones de firmar el memorándum.

El acuerdo es considerado contraproducente para esclarecer la causa, cuando para algunos familiares de víctimas, sería un gran paso para escuchar las pruebas que se tienen y lo que tienen que decir los acusados y con esto poner fin a intromisiones y abrir el camino a la verdad..

Jimelnitzky solicitó a los partidos políticos que no se utilizara este tema tan dramático en las contiendas electorales actuales, y dijo que el único objetivo de la comunidad es la verdad y la justicia.

Recordó también que desde 2009 no ha surgido ni un sólo imputado nuevo, ni una sola pista nueva que permita definir la conexión local que tiene a (Carlos) Telleldín como imputado, declaró Jimelnitzky.

Teleldín es un delincuente al que el juez Juan José Galeano, con la complicidad del entonces presidente de la Delegación de Entidades Israelíes-Argentinas (DAIA) Rubén Berajas, entregó 400 mil dólares –como se comprobó- para que acusara a una serie de policías a los que se tuvo que dejar finalmente en libertad entre otras irregularidades de esa causa.

También Sofía Guterman, madre de Andrea, una de las 85 personas asesinadas en ese ataque, cuestionó a la procuradora Alejandra Gils Carbó por denegar el permiso para que el fiscal Alberto Nisman exponga un reciente dictamen en Estados Unidos y también –curiosamente- al presidente de Ecuador Rafael Correa, y al dirigente social local Luis D’Elía, quien pide investigar con seriedad y que potencias extranjeras se inmiscuyan y traten de influir sobre la justicia argentina.

Antes de la realización del acto, Sergio Burnstein, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Stentado, defendió el acuerdo argentino-iraní aunque sostuvo que no se avanzó no porque no haya novedades de Irán, sino porque no hay manera de avanzar.

Ayer en un acto de Memoria Activa la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que la perseverancia nos va a llevar por buen camino, insitiendo en la necesidad de democratizar la justicia y buscar todos los caminos para una solución hacia la verdad.