Busca garantizar los derechos de afectados por la guerra contra el crimen organizado
Sábado 13 de julio de 2013, p. 29
Cuernavaca, Mor., 12 de julio.
Diputados del Congreso local aprobaron la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el estado de Morelos, la cual contempla obligar a los tres poderes del estado y a los 33 ayuntamientos, a atender y reparar en forma integral el daño a víctimas. Es la primera en su tipo en la entidad.
Aunque en lo general se aprobó por unanimidad, en lo particular diputados panistas y priístas se reservaron algunos artículos al considerar que si la legislación será operada mediante un órgano descentralizado, no tendrá autonomía. Lo anrterior, porque la comisión ejecutiva se integrará por cinco ciudadanos propuestos por el gobernador perredista Graco Ramírez y la comisión intersecretarial, por los titulares de la Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social estatal, entre otros.
Los legisladores locales aprobaron una adición al artículo 9, en la que se específicó la confidencialidad de los datos que proporcionen las víctimas y éstas que sean reconocidas e indemnizadas por las autoridades estatales. Cuando se publique en el Diario Oficial de Morelos, comenzará a operar con un presupuesto anual de unos 30 millones de pesos.
El pasado 22 de abril el gobierno del estado entregó al Congreso local la citada ley, que busca garantizar los derechos de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado que emprendió el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La directora general de Atención a Víctimas, Nadxieli Carranco Lechuga, del gobierno del estado, aseguró que esta ley otorgará a las personas, entre otros derechos, saber la verdad, reconocerlas como víctimas, reparar en forma integral el daño que sufrieron ellas o familiares de una persona que victima de un delito o se hayan violado sus derechos humanos.
En su elaboración, participaron el ex juez español Baltasar Garzón Real y el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia –padre de Juan Francisco Sicilia, asesinado el 28 de marzo de 2011, junto con otras seis personas en este estado–, quienes buscaron armonizarla con la Ley General de Victimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de este año.