Monterrey, Nl, 12 de julio.

Luz María Durán, Clara Pérez Villa y Adriana Hernández, esposas de tres desaparecidos y ejecutados con la interven- ción de policías municipales de Juárez y Pesquería, quienes recibieron disculpas de los actuales ediles por estos crímenes, coincidieron en que de poco sirven éstas si no se encarcela a los responsables.

La disculpa no nos devuelve a nuestros familiares ni alivia nuestro dolor. Como dijo el edil (de Pesquería) ni siquiera se encontraba cuando sucedió el secuestro; nos ayudaría más que cumplan la recomendación en cuanto al apoyo económico para sacar adelante a los niños, dijo Clara Pérez Villa, viuda de Honorio Badillo Gómez.

Según testigos, el esposo de Clara fue secuestrado el 28 de mayo del 2011 en Pesquería, junto con otros 19 trabajadores de la construcción. Uniformados municipales realizaron las detenciones arbitrarias y desde entonces se desconoce su paradero. En el expediente judicial, hay declaraciones de que fueron entregados al crimen organizado.

Un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y dado a conocer en junio, señala que en 2011 se cometieron 510 delitos de privación ilegal de la libertad, y el año pasado 425 casos fueron denunciados ante la autoridad, la mitad de éstos relacionados con la delincuencia organizada.

Presente en las disculpas que ofreció José Chito Gloria, alcalde de Pesquería, Adriana López –esposa de otro desaparecido–, dijo desconocer cómo va el proceso judicial. La autoridad debe hacer pagar a los culpables, ellos ya confesaron y algunos dijeron dónde estaban enterrados, por ello apareció el cuerpo del esposo de Clara.

En mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recomendó a autoridades de cinco municipios ofrecer disculpas, coadyuvar en las investigaciones e indemnizar a los familiares. Los señalamientos fueron hechos aproximadamente dos años después y no exigen a la procuraduría estatal investigar los delitos y castigar a los involucrados.

Al respecto, el abogado Jesús Robles Maloof señaló que las recomendaciones dirigidas a los ediles de Juárez, Cadereyta, Santa Catarina, Apodaca y Pesquería, no cumplen con estándares internacionales, al detallar que la función de procuración de justicia es obligación del Estado, no del municipio.

Añadió que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado implica un efecto de garantía de no repetición del acto, tomar medidas para evitar más delitos, además de resarcir económicamente a los afectados y la imagen del desaparecido, en el sentido de que no era delincuente.

De poco sirve que el Estado reconozca su culpa si no procura justicia; sin eso no existe reparación del daño. En desapariciones forzadas la responsabilidad recae en el Estado, no en el municipio. Pareciera como que la CEDH se subordina al Ejecutivo estatal.