Madrid, 11 de julio.

La mayoría absoluta del conservador Partido Popular (PP) vetó en el Parlamento español la petición de comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acusado de recibir sobresueldos ilegales durante su etapa de ministro de la administración de José María Aznar.

El actual mandatario sigue sin dar ninguna explicación a las pruebas originales presentadas en su contra en la Audiencia Nacional, que consisten en una serie de documentos originales de la contabilidad secreta del PP, que, según su tesorero durante 20 años, Luis Bárcenas –ahora en prisión–, se ha financiado de forma irregular y se han incurrido en prácticas delictivas, como el cobro de comisiones ilegales, el pago de sobresueldos y el tráfico de influencias.

En uno de los debates más ásperos de la actual legislatura, todos los partidos de oposición recriminaron al PP y al gobierno su escaso espíritu democrático al vetar la comparecencia de Rajoy para que dé una explicación ante la sede de la soberanía sobre las graves acusaciones en su contra.

Pero lejos de admitir esa posibilidad, el rodillo de la mayoría absoluta del PP vetó todas las peticiones de comparecencia, desde la que se refería de forma concreta a Rajoy para que brinde explicaciones del caso Bárcenas hasta la que solicitó que el canciller, José Manuel García-Margallo, explique la actuación de la diplomacia española en el bloqueo aéreo al presidente de Bolivia, Evo Morales.

El PP y el mandatario español mantienen la estrategia del silencio, ya sea vetando la comparecencias parlamentarias o ignorando las preguntas específicas que hacen los medios de comunicación sobre la corrupción en ese partido y en el gobierno.

El debate se llevó a cabo en un día de intensa actividad en el tribunal del magistrado Pablo Ruz, instructor del caso, quien escuchó el testimonio del director del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez, que recibió de manos de Bárcenas algunos de los papeles originales de la contabilidad secreta. El veterano periodista además informó que en 2011 un empresario habría donado 300 mil euros al partido –el tope para donaciones privadas que no identifiquen a quien la aporta es de 60 mil euros–, pero habría puesto como condición que supiera el propio Rajoy que había hecho el pago.

Mientras la justicia avanzaba en la investigación, en el Parlamento todo quedaba cerrado por el PP, que sólo escuchó, una tras otra, las reclamaciones de todos los grupos políticos de oposición, que consideran que España está ante un momento de grave deterioro para la democracia y que pone en jaque a un gobierno cada vez más débil por su desprestigio internacional y nacional.

El principal líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al partido del presidente de gobierno de mentir sistemáticamente y advirtió que quien calla otorga frente a las gravísimas acusaciones en su contra. De hecho, instó a los diputados conservadores a que voten a favor de la comparecencia. Si no lo hacen, cometerán un error grave para el PP, muy grave para el señor Rajoy, pésimo para esta Cámara y nefasto para la democracia española.

El vocero del PP, Alfonso Alonso, se defendió con ataques a todos los grupos, a los que acusó de ejercer de abogados de un delincuente (en referencia al que hasta hace sólo unos meses fue el responsable de las finanzas de su partido durante 20 años), lo que provocó una reacción inmediata del resto de los grupos, que tildaron de patética su respuesta.

Cayo Lara, de Izquierda Unida, advirtió que la mecha de la bomba que tiene Bárcenas ya está encendida, por lo que calificó la negativa del PP a la comparecencia de Rajoy de desprecio al Parlamento, al pueblo, a la verdad y a la democracia.