Los casos de agresiones en contra de defensores de derechos humanos no van a terminarse con mecanismos de protección para ese sector, sino mediante una decisión política de las autoridades mexicanas para terminar con la impunidad y sancionar efectivamente a los responsables de los ataques y amenazas, coincidieron integrantes de diversas organizaciones civiles.

A propósito del informe dado a conocer el miércoles por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se advierte que las agresiones contra activistas siguen ocurriendo en el país con total impunidad, el director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, llamó a no perder de vista cuál es la raíz de dicho fenómeno.

El tema central es la impunidad. Al defensor no le sirve de nada que le pongan patrullas, teléfonos de emergencia o alarmas, porque las amenazas en su contra no están relacionadas con su persona, sino con los casos concretos y puntuales que llevan, aseveró. Luego de señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es insuficiente para contener y resolver esta problemática, Ramírez advirtió que si la impunidad continúa van a seguir ocurriendo ataques en contra de los activistas, algunos cometidos por grupos de civiles armados que cuentan con el aval del gobierno.

Por su parte, Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, subrayó que la vulnerabilidad de este sector tiene que ver en gran medida no sólo con la impunidad de quienes lo atacan, sino también con la estigmatización y criminalización de los activistas, muchas veces promovida por las mismas autoridades.

Hay toda una cultura de encubrimiento e impunidad que hace muy difícil que un funcionario sea realmente castigado por amenazar a los defensores o permitir que los amenacen. En las procuradurías, las agencias del MP, los ayuntamientos y en todos los espacios de servidores públicos, vemos que las autoridades son juez y parte en estos delitos, lamentó.

Para avanzar, dijo Olivares, es necesario que los gobiernos promuevan y respeten la labor de los defensores y pongan en práctica los diversos aspectos de la reforma constitucional de derechos humanos aprobada en junio de 2011, que conjuga las leyes nacionales en la materia con los convenios internacionales firmados por México.