El juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, cerró la instrucción del proceso penal que se sigue a cinco militares, entre ellos tres generales, por su presunto vínculo con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y la próxima semana la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar sus conclusiones del caso.

En este asunto, que comenzó públicamente el 15 de mayo de 2012, durante la gestión de Marisela Morales al frente de la PGR –ahora encabrzada por Jesús Murillo Karam–, la dependencia decidió no mantener sus acusaciones contra el general y ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y el militar recuperó su libertad, ya que el Ministerio Público Federal nunca comprobó las declaraciones de testigos protegidos, los cuales han sido declarados como mentirosos en otros juicios importantes, como la operación limpieza y el michoacanazo.

Testigos protegidos mintieron

Funcionarios del Poder Judicial Federal señalaron que los militares que aún están en prisión podrían obtener su libertad la próxima semana, ya que el juzgado tercero de distrito notificará a la PGR el cierre de instrucción a más tardar el próximo viernes, y la dependencia contará con un plazo de diez días para presentar sus conclusiones.

El 15 de mayo de 2012 fue aprehendido el ex subsecretario de la Sedena (Ángeles Dauahare) y en los siguientes días los elementos de la Policía Militar detuvieron y posteriormente entregaron a la Seido a los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.

El general Ángeles fue dejado en libertad el pasado 17 de abril, y días después José Ordóñez, abogado del también general Dawe, solicitó el cierre de instrucción para su cliente, pero no se pudo concretar porque la PGR actuó de manera distinta a la que asumió con el ex subsecretario de la Defensa, y pidió que se desahogaran pruebas y se llevaran a cabo los careos de los militares presos con los testigos protegidos. Días después, el Ministerio Público Federal se retractó de su petición y de esa manera se pudo llegar al cierre de instrucción.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los testimonios de los testigos protegidos –entre ellos Jennifer, quien servía al cártel de Los Zetas– no pudieron ser acreditados y la PGR no cuenta con elementos para imputar algún delito a los acusados.

El general Roberto Dawe se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Guardias Presidenciales entre 2008 y 2009; posteriormente fue designado comandante de la guarnición militar de San Luis Río Colorado, Sonora, y desde enero de 2011 fue jefe de la 20 Zona Militar con sede en Colima.

Desde 2008 el mayor Arturo González, adscrito a Guardias Presidenciales, denunció que el general Dawe presuntamente ordenó que se dieran de baja vehículos militares en buen estado y que fueran vendidos como chatarra. Su denuncia no tuvo mayor trascendencia y Dawe continuó en su cargo.

Sin embargo, el general fue detenido en diciembre de 2009, acusado de vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva. Según las investigaciones, pasaba información confidencial de los movimientos del presidente Felipe Calderón.

El general Ricardo Escorcia Vargas se desempeñó como jefe de la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, Morelos, en donde en 2007 un cargamento de cocaína que llegó a bordo de un avión fue sustraido a pesar de que los militares habían sido alertados. Supuestamente la droga fue tomada por integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.

Posteriormente, el militar en retiro fue designado jefe del Estado Mayor de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán. En tanto, el general Rubén Pérez Ramírez forma parte desde hace semanas del programa de testigos colaboradores. El militar, quien fue jefe de la zona militar en Toluca hasta antes de ser detenido, dijo haber sido obligado a declarar falsamente en contra de Dawe y Escorcia.

En el caso del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, tenía diez años de haber solicitado su baja del Ejército Mexicano y en 2008 se desempeñó como director de la policía ministerial de Sinaloa, y en 2011 fue titular de la Agencia Veracruzana de Investigación. El mayor Iván Reyna Muñoz se desempeñó como subjefe del Estado Mayor del la 24 Zona Militar con sede en Cuernavaca, en 2003.