Guadalajara, Jal., 24 de junio.

La Contraloría estatal halló, en una primera revisión de la cuenta pública de 2012, irregularidades en el manejo de 5 mil 384 millones de pesos, lo que podría derivar en tres denuncias penales. Este monto no incluye lo erogado por los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, que se audita aparte.

El contralor estatal, Juan José Bañuelos Guardado, informó que la revisión a la cuenta del año pasado incluyó a 16 dependencias, 11 organismos públicos descentralizados y recursos de programas estatales ejercidos en municipios.

El funcionario evitó detallar las presuntas irregularidades, con el argumento de que la revisión continúa y se documenta para presentar denuncias. No obstante, querellas anteriores permiten vislumbrar en cuáles rubros podrían encontrarse malos manejos.

Por ejemplo, empresas constructoras denunciaron en el sexenio pasado al Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas ante la Contraloría del estado. Aseguraron que el entonces titular del organismo, Salvador Uribe Avín, favoreció a compañías a cambio de comisiones que iban de 10 a 20 por ciento, lo que implicaría un daño al erario aún no determinado.

El año pasado también hubo denuncias por el manejo de fondos del Seguro Popular, en especial por la subrogación de consultas y cirugías a pacientes en hospitales privados, incluido uno de lujo ubicado en Guadalajara.

El manejo de fondos para el retiro de los trabajadores de municipios y del gobierno estatal también podría ser objeto de denuncias, pues 89 millones de dólares del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se destinaron a la compra de tierras en la costa jalisciense, en una sociedad con la empresa privada Rasaland para un proyecto turístico de gran lujo que aún no se erige en Chalacatepec, municipio de Tomatlán.

Organismos paraestatales como el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Comisión Estatal del Agua, entre otras dependencias, también han sido objeto de escándalos. El panista Rodolfo Ocampo Velázquez, ex director del SIAPA, está preso por el desvío de un préstamo de mil 200 millones de pesos otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa Todos con Agua.

En el sexenio pasado se detectó en la Secretaría de Desarrollo Rural compra de maquinaria de mala calidad, por la cual se pagaron más de 80 millones de pesos. Poco después de su compra a sobreprecio, 39 motoconformadoras se averiaron.

Otras irregularidades en Desarrollo Rural incluirían el favoritismo de su ex titular, Álvaro García Chávez, hacia familiares y amigos, a quienes incluyó en programas de apoyo por cantidades todavía sin documentar.

La Secretaría de Administración no pudo hacer válido un seguro contra desastres por el que pagó tres millones de dólares y que supuestamente cubriría tsunamis, inundaciones, terremotos y otros eventos. El huracán Jova causó destrozos en una docena de municipios durante octubre de 2011, pero no recibieron más apoyo que el inmediato.

Bañuelos Guardado aclaró que la revisión no incluye los Juegos Panamericanos, que de acuerdo con el propio ex gobernador panista Emilio González Márquez, causaron un quebranto financiero superior a mil 800 millones de pesos, mil 400 millones de los cuales provinieron de un préstamo a corto plazo que se adquirió sin avisar al Congreso local.

Ante los señalamientos del contralor, la junta de coordinación política del Poder Legislativo acordó presentar una iniciativa para obtener la atribución legal de auditar el gasto ejercido durante todo el sexenio pasado.

El organismo legislativo consideró que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), que por ley debe revisar las cuentas públicas, es inoperante debido a que su titular, Alonso Godoy Pelayo, al aprobar sin observaciones las cuentas de González Márquez, demostró su parcialidad hacia el ex mandatario, que concluyó su gestión en febrero.

La fiscalización que el Congreso del Estado busca realizar obedece a un acuerdo que tomó el Congreso de la Unión el 13 de junio, el cual ordena una revisión completa de las cuentas del sexenio 2007-2013, pero lo harán los diputados directamente y no por conducto de la ASEJ, al frente de la cual continúa Godoy Pelayo, pese a haber terminado su periodo, debido a que interpuso un amparo.