n 1996-1997, cuando por primera vez se comenzó a utilizar la evaluación estandarizada de manera masiva (examen único), surgió un fuerte movimiento metropolitano porque, más que diagnosticar, simplemente se buscaba clasificar para decidir quiénes tenían el derecho a estudiar y dónde, y quiénes ni siquiera debían ya ir a la escuela. Muchas protestas y años después, ahora en 2013, la evaluación (como parte central de la reforma educativa) está de nuevo en el centro de una profunda confrontación en torno a la educación y ya enfrenta un panorama cada vez más complicado.

Una de las razones más importantes de esta nueva crisis es el hecho de que ahora el planteamiento es muy distinto al de hace 20 años. Entonces nació al amparo de instituciones educadoras respetadas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), lo que consiguió ocultar sus profundas vetas privatizadoras y discriminatorias. Hoy, como lo demuestra Luis Hernández Navarro ( La Jornada, 18 de junio de 2013) son sólo los empresarios (y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) los que se declaran autores y ganadores con la reforma (ahora es cuando sintomáticamente dice Mexicanos Primero), pero su prestigio como educadores ( remember la Fundación Chespirito y los programas de Televisa y Azteca) no es muy acentuado que digamos.

Su visión simplista y mecánica de la realidad social, además aplicada a la educación, lleva a postulados tan decimonónicos como que la mejoría se logra con una autoridad fuerte, con exámenes, sanciones y despidos, pero también se reflejó en uno de los procesos de modificación constitucional más desaseados y autoritarios (e impugnados) de que se tenga memoria. Apenas 10 días duró el procedimiento en las cámaras, no fue precedido de diagnóstico alguno o de una mínima consulta y los textos de las leyes secundarias simplemente confirmaron el carácter agresivo de la propuesta integral. Más grave aún, la evaluación se muestra ahora, como años atrás, como un instrumento esencialmente punitivo (antes exclusión, ahora despidos), con lo que de entrada se autoanula ante los maestros y la sociedad como posible promotora de la calidad.

Es una reforma empresarial que aparece también como profundamente hostil a los procesos de fortalecimiento de la pluralidad e identidades regionales que –desde el zapatismo– ya cumplen dos décadas y hasta han sido reconocidos oficialmente. Así, la negativa que sostiene la reforma a la creación de instancias de evaluación estatales (como se exige en Guerrero y Oaxaca) contradice el hecho de que desde hace años en Sinaloa, Sonora, Nuevo León y hasta en el estado de México existen institutos estatales de evaluación.

El carácter único de la actual evaluación monopolizada por una instancia nacional –el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)– simplemente refleja la centralización empresarial-gubernamental que inauguró hace dos décadas otro centro nacional, el Ceneval, que hacía la mismas promesas. Eliminar los exámenes estandarizados (como plantea como posible la SEP) aminora pero no resuelve el problema, pues en su lugar se propone que decenas de miles de evaluadores del INEE visiten todas las escuelas para observar y clasificar a los docentes a partir de un perfil único de rasgos que definen lo que es un buen maestro. Es decir, otro instrumento estándar único para todo el país, centralizado en el INEE (donde no hay uno solo de los maestros que serán evaluados), producto de una elaboración eminentemente discrecional aunque se le proclame experta o científica, que agruparía a los maestros en algo así como insuficientes, elementales, buenos, excelentes, tal como todavía lo hace la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) con los estudiantes.

A diferencia de ayer, sin embargo, la lucha de comunidades, pueblos y regiones por reivindicar a México como lo que es, una nación constitucionalmente plural, es lo que está detrás de la profunda energía del movimiento de los maestros. Es una lucha que no es sólo marchas y paros, sino que se ha materializado en una larga y paciente construcción de múltiples proyectos de educación (y evaluación), en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y otras entidades. Ante esto, la vuelta a la uniformidad no sólo no tiene actualidad, es un retroceso.

A los maestros michoacanos en solidaridad con su dolor por la pérdida de compañeras y compañeros

*Profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X