El retraso con que el gobierno federal ha ejercido en el primer año de la administración el gasto público autorizado por el Congreso ya afectó la operación de por lo menos 30 mil empresas proveedoras de entidades gubernamentales, que han sufrido retrasos mayores a 60 días en el cobro de sus facturas, aseguró el principal organismo de representación de los industriales del país. Participantes en el sector financiero y expertos mencionaron que la dilación en el ejercicio del presupuesto es una de las causas de la lentitud en la creación de empleo e hizo evidente una mala planeación por parte de las autoridades responsables de la ejecución del gasto.

En el primer trimestre de este año, el gasto ejercido por el sector público fue de 854 mil 365 millones de pesos, cantidad inferior en 44 mil 101 millones de pesos al presupuesto autorizado por el Congreso para ese mismo periodo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (SHCP), publicados el 30 de mayo pasado. El subejercicio implicó un gasto menor en 5 por ciento al aprobado. El gobierno argumentó que la demora en la aplicación del presupuesto tiene que ver con que el presupuesto fue aprobado en diciembre, por el cambio de administración federal, lo que retrasó la elaboración de las reglas de operación.

El subejercicio del gasto público durante el primer trimestre de 2013 es el de mayor dimensión que se ha registrado en un principio de sexenio desde 1995, cuando el país estaba en plena crisis económica, revela un análisis comparativo del Grupo Financiero Banorte-Ixe, publicado este jueves por La Jornada.

Rodrigo Alpizar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), afirmó ayer que el retraso en el ejercicio del gasto público ha provocado que alrededor de 30 mil empresas padezcan retrasos de más de 60 días en el pago de los servicios que ofrecen al gobierno.

El sector industrial ha estado sumamente preocupado por el subejercicio en todos los conceptos, desde los apoyos gremiales del gasto al capítulo 4 mil de subsidios que, comentó, ha estado sumamente lento, agregó.

Puntualizó que la mayoría de las empresas afectadas por el retraso en los pagos del gobierno son micro, pequeñas y medianas –que constituyen la columna vertebral del aparato productivo formal–, por lo que tienen una necesidad más urgente de recursos y menor capacidad para hacer frente a ese tipo de eventualidades, aunque precisó que las principales afectaciones son a nivel municipal.

Si bien los empresarios comprenden que el cambio de gobierno implica un proceso de adaptación por parte de quienes asumen los cargos, es muy importante que se haga ya un llamado urgente a ejercer de manera inmediata los programas de gobierno, dijo en una conversación telefónica.

De acuerdo con la página de compras de gobierno de la Secretaría de Economía, en lo que va del año la dependencia federal ha adquirido un total de 206 millones 522 mil 854.55 pesos a empresas por concepto de bienes y servicios.

Retraso normal: CCE

De ese monto 159 millones 787 mil 95.87 pesos fueron para bienes y servicios adquiridos en licitación pública y/o excepciones a la ley; otros 41 millones 484 mil por adjudicación directa y 5 millones 251 mil pesos en compras por invitación a cuando menos tres personas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, explicó que el retraso es normal en cada cambio de administración, pero precisó que en este caso el presupuesto de egresos se aprobó hasta el 21 diciembre, cuando por lo general se aprueban el 15 de noviembre y como consecuencia las reglas de operación salieron hasta febrero, lo que atrasó las licitaciones.

Agregó que aparte del subejercicio del gasto en inversión, donde más rezagos hay por el retraso de reglas de operación es en programas sociales.

Lo que nos dicen las autoridades es que el presupuesto va 4 o 5 por ciento abajo, pero va de acuerdo a lo presupuestado, que en el segundo semestre es donde van a tener un aumento importante en el gasto, declaró.

La demora con que el gobierno federal ha gastado el presupuesto en los primeros meses del año es una de las causas que explica la baja generación de empleo, dado que se han retrasado proyectos relacionados con el sector público, advirtió Sergio Ortiz Valencia, director general de la sociedad financiera Ficrea.

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que representan 97 por ciento del aparato productivo del país y generan siete de cada 10 empleos formales, son las que mayormente sufren por la carencia de recursos y si la inversión pública no se activa, difícilmente podrán abordarse los nuevos proyectos generadores del empleo, afirmó.

De acuerdo a los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en mayo se crearon sólo 6 mil 929 nuevos empleos, y en los últimos 11 meses, 623 mil y ello se debe a la falta de apertura de nuevas empresas y a que no han iniciado nuevos proyectos, sostuvo.

La cantidad de empleos generados entre enero y mayo pasados es menos de la mitad del millón y medio de nuevas plazas que se requieren generar cada año para atender la demanda de la población que se incorpora al mercado de trabajo, dijo.

Impulso a Pymes

A las Pymes hay que impulsarlas, tanto en su creación, como en su desarrollo y la mejor forma de lograrlo es a través de la inyección de recursos de forma natural y recurrente, agregó Ortiz Valencia.

Dijo que para solventar la carencia de un gasto público, la empresa en México depende de la inyección de recursos a través del ahorro interno, vía los esquemas de captación de las instituciones financieras.

El gobierno no está gastando, afirmó. Desafortunadamente no hay proyectos y en eso se escudan algunas instituciones financieras, que argumentan que tienen sobrantes de tesorería y es más fácil invertir en valores gubernamentales y no hacen el esfuerzo por promocionar la colocación de recursos productivos, dijo.

El subejercicio del gasto público se debe a una mala planeación y a que el gobierno federal se confió demasiado de que el entorno económico era menos desfavorable, pero ahorita con la desaceleración se están dando cuenta que no y resultaba prioritario ejercerlo de manera oportuna y expedita, aseveró José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Si bien aclaró que el gasto público no garantiza por sí solo impulsar el crecimiento económico, dijo que haberlo aplicado en los primeros meses del año, sobre todo en sectores estratégicos como la construcción y el energético, hubiera servido como ligero contrapeso a la desaceleración.

Consideró que sólo hasta que pasen las elecciones estatales de julio se podrá acelerar la aplicación del gasto, así que será hasta el segundo semestre del año cuando ocurra, de la misma manera que ha sucedido tradicionalmente en otros gobiernos.

El escenario económico para 2013 ya está planteado, con un crecimiento bajo de apenas 2 o 2.5 por ciento cuando mucho, porque el ejercicio del gasto tal como está programado no es contingente para evitar una desaceleración económica, puntualizó.

Entrevistado a propósito del comparativo de Banorte-Ixe que indica que el subejercicio del primer trimestre fue de 10.5 por ciento, el mayor para un arranque de sexenio desde 1995, el investigador insistió en que si el gasto en inversión se hubiera ejercido a tiempo y de manera bien direccionada el impacto hubiera sido positivo en construcción, siderurgia, infraestructura, carreteras, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, aunque tuviera poco impacto en la economía en general.

El gasto pudo haber ayudado y detonado algunos sectores y obras pendientes, como la refinería anunciada desde el sexenio pasado y sobre la cual se tuvo que haber diseñado un programa más expedito de ejercicio de gasto desde el inicio de esta administración, comentó De la Cruz Gallegos.

Refirió que el reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la oferta y demanda para los tres primeros meses del año demuestra que el bajo gasto de gobierno sí tiene una incidencia negativa sobre el crecimiento.