La Procuraduría General de la República (PGR) prepara su retractación en cuanto a mantener las acusaciones contra cinco militares que presuntamente brindaban protección a integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y que fueron coacusados del general Tomás Ángeles Dauahare, el ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) que ya fue absuelto de los cargos porque el Ministerio Público Federal no acreditó los señalamientos de los testigos protegidos en los cuales se sustentaban las acusaciones.

Colaboradores de Jesús Murillo Karam revelaron que el Ministerio Público Federal dará marcha atrás a las diligencias que impedían el cierre de instrucción en el proceso que se lleva a cabo en el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, estado de México, en contra de los generales Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez, así como del teniente coronel Isidro de Jesús Hernández y el mayor Iván Reyna Muñoz.

El pasado 6 de junio, La Jornada dio a conocer que la PGR había solicitado la realización de nuevas diligencias dentro de este proceso penal, luego de que los defensores de los acusados habían solicitado el cierre de instrucción y que se les dictara sentencia. La institución que encabeza Jesús Murillo Karam pidió que se llevaran a cabo careos con algunos testigos protegidos, a pesar de que ya había quedado acreditado que habían mentido en sus declaraciones, dijo en esa fecha el abogado José Ordóñez, defensor del general Roberto Dawe.

Ayer, funcionarios de la dependencia ministerial revelaron que la PGR prepara el escrito para desistirse de las diligencias solicitadas y que pediría que también se cerrara el proceso penal para que se dicte sentencia con las pruebas que se aportaron desde la gestión de Marisela Morales, ya que fue en su administración cuando se abrió la averiguación previa y se consignó a los militares.

Este caso fue de conocimiento público el 15 de mayo de 2012, cuando el general Ángeles Dauahare fue detenido por elementos de la Policía Judicial Federal Militar, dependiente de la Procuraduría General de la Justicia Militar, a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que estaba a cargo de José Cuitláhuac Salinas Martínez.

La indagatoria fue desarrollada por el teniente coronel Abigai Vargas Tirado y un grupo de militares a su mando, entre ellos el mayor Gerardo Salazar Bolaños, en ese entonces responsable de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, y desde que trascendió la detención de Ángeles Dauahare circularon versiones que señalaban que el caso se trató de una venganza política porque el ex subsecretario de la Defensa Nacional era uno de los aspirantes a dirigir la Sedena.