Aumentar las sanciones contra quienes cometen delitos electorales y revocar la concesión a medios de comunicación que intervengan de manera ilegal en campañas, propusieron ayer magistrados y consejeros electorales durante la audiencia pública que se realizó en el Senado para integrar la propuesta de reforma política.

Con miras a la conformación de dicha iniciativa, integrantes de PAN y PRD se manifestaron –en otro foro– en favor de avanzar hacia un sistema político parlamentario y la relección de legisladores y alcaldes.

En el Senado, Armando Maitret Hernández, magistrado del tribunal electoral en la sala regional del Distrito Federal, resaltó que el derecho vigente en materia comicial data de hace 16 años, y es necesario modificarlo porque hasta la terminología que se usa está fuera de contexto.

Entre los cambios que deben realizarse –señala– se encuentra el de endurecer las sanciones a quienes cometen delitos electorales, pues en la actualidad la mayoría de los casos tipificados como tales alcanzan beneficios legales que libran al infractor de ir a prisión, lo que genera que no haya un efecto disuasivo en la norma vigente, explicó.

En tanto, Santiago Nieto, magistrado de la sala regional del tribunal electoral en Toluca, advirtió que no debe criminalizarse a quienes se les compra o coacciona su voto, sino al operador político que promueve esa infracción.

José Luis Vargas, ex fiscal especializado para delitos electorales, pidió a los legisladores dotar a la autoridad de herramientas para atacar nuevas modalidades del delito, como el turismo comicial. También es importante, dijo, revisar las penas en conductas recurrentes, particularmente las que cometen servidores públicos. Éstas tendrían que considerarse graves para que se eliminen.

En la audiencia pública estuvo también el consejero Alfredo Figueroa, del Instituto Federal Electoral (IFE), quien propuso revocar la concesión al medio de comunicación que intervenga ilegalmente en una campaña electoral, en alusión a la propaganda encubierta.

Resaltó que actualmente son mínimas las sanciones contra las empresas de comunicación que cometen ilícitos. Por ejemplo, señaló, calumniar a alguien cuesta 60 mil pesos.

De cara a la integración de la propuesta de reforma político electoral, las fundaciones Preciado y Colosio, en coordinación con el PRD, organizaron un foro donde la diputada Amalia García, partido del sol azteca, se manifestó en favor de una reforma política que incluya la relección de legisladores, pero impidiendo que camarillas partidistas se eternicen en el Congreso.

En su oportunidad, el senador Javier Corral propuso avanzar hacia un modelo parlamentario y a gobiernos de coalición, pues el sistema vigente ya no le sirve al país.