ecenas de miles de brasileños volvieron a tomar ayer las calles de Sao Paulo y las inmediaciones de Río de Janeiro para protestar en contra del alza generalizada en las tarifas del transporte público, al denunciar la presunta corrupción en los gobiernos de distinto signo político y demandar la mejora de los servicios públicos. En capitales estatales como Porto Alegre y Recife, las manifestaciones de los últimos días derivaron en el anuncio de que se reducirán los precios en autobuses, metro y tren, en tanto que el alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, aceptó ayer mismo revisar el costo al público del primero de esos medios de transporte.

Las movilizaciones en varias urbes brasileñas resultan significativas no sólo por el elevado número de personas que han concentrado y por la coyuntura en que ocurren, sino porque tienen lugar en un país cuyo gobierno se ha enfocado, durante la última década, en contener los factores originarios de los descontentos sociales, y que parecía, en consecuencia, poco proclive al surgimiento de éstos. En efecto, más allá de la valoración que se tenga sobre los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, es innegable que han sido particularmente exitosos en el diseño y aplicación de políticas de generación de empleo –como demuestra la creación de unos 18 millones de puestos de trabajo en los recientes 10 años–, reducción de la pobreza y combate al hambre –más de 30 millones de brasileños han transitado de los estratos sociales bajos a la clase media en ese periodo–, crecimiento del poder adquisitivo del salario –el cual ha aumentado más de 50 por ciento en términos reales desde 2003– y reactivación de las cadenas industriales, lo que ha dotado al país de perspectivas de desarrollo y dinamismo económico envidiables en la región y en el mundo.

Otro elemento novedoso de las protestas en Brasil es la respuesta que ha tenido la clase dirigente: a contrapelo de la sordera y las reacciones represivas que caracterizan a otros gobiernos frente a movilizaciones similares, Rousseff ha actuado con sensatez y contención discursiva, al grado de que ayer se dijo orgullosa de las movilizaciones y señaló que esas voces de las calles merecen ser escuchadas. Similares expresiones han sido utilizadas por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien señaló que nadie en su sano juicio puede estar en contra de las manifestaciones de la sociedad civil.

No obstante estos matices, que abren saludables perspectivas para una solución concertada en el país sudamericano, el claro origen social del descontento popular y el genuino carácter apartidista de las movilizaciones ponen en perspectiva un agotamiento y una necesidad de viraje por parte de la propuesta política de los partidos políticos tradicionales, particularmente del gobernante Partido de los Trabajadores.

Desde una perspectiva más general, el estallido de descontento en Brasil se inscribe en un contexto de movimientos sociales de nueva generación que van desde la llamada primavera árabe hasta el movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos, pasando por los indignados de España y las protestas estudiantiles recientes de Chile y México. Más allá de su heterogeneidad, estas expresiones de inconformidad tienen como denominador común el uso masivo y sistemático de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo que los dota de enorme dinamismo, capacidad organizativa y proyección internacional.

Tales elementos, por último, tendrían que llevar a los gobiernos del planeta a verse reflejados en espejos como el brasileño: si el surgimiento de estas protestas es posible en un país cuya política social y económica ha estado orientada a la atención de los rezagos económicos y sociales, tanto más lógico resultaría que expresiones similares de inconformidad popular ocurrieran en naciones como la nuestra, donde las causas originarias del descontento han sido desatendidas e incluso aceleradas y multiplicadas por la aplicación del modelo económico depredador aún vigente.