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Según el líder de la ALDF los legisladores sólo pueden dar a conocer una versión pública

Citan prerrogativa para no informar sobre bienes
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de junio de 2013, p. 43

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarruvias, afirmó que en tanto la ley no obligue a otra cosa, los legisladores tienen la prerrogativa de dar a conocer solamente una versión pública de su declaración patrimonial.

Todos estamos obligados a presentarla ante la Contraloría, todos los servidores públicos. Ya dependerá de cada uno presentar o hacerla pública o no, incluso hay una versión pública de estas declaraciones que pueden considerarse para efectos de transparencia, señaló.

Entrevistado luego de suscribir un acuerdo de colaboración con Transparencia Mexicana, a propósito de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto de dictamen que proponía considerar inconstitucional una disposición en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que permite a los diputados federales publicar su declaración patrimonial a su consentimiento, el legislador local dijo que si la autoridad está satisfecha con el cumplimiento de esa obligación en ese esquema, nosotros evidentemente estaremos continuando bajo esta misma legislación.

Con la firma del convenio, como parte de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios representados en la ALDF, el órgano legislativo se compromete a asumir un decálogo para garantizar el principio de máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa; la publicación de la mayor cantidad de información en formatos y mecanismos de búsqueda sencillos; publicar análisis de interacción y votación de los trabajos en comisiones y de las sesiones del pleno; la transmisión de las sesiones; información detallada sobre los diputados y funcionarios del órgano legislativo, incluyendo su declaración patrimonial y de intereses.

Otros son fijar mecanismos y herramientas de control y monitoreo ciudadano, así como de participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos, dar preferencia a software libre y código abierto y promover en la legislación políticas de gobierno de este tipo en otros órdenes de gobierno.