En el país 3 millones de menores de entre cinco y 17 años realizan distintas actividades laborales en el campo, en las calles y negocios pequeños, entre otros espacios, expuso Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En vísperas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, el experto afirmó que cuatro de cada 10 menores trabajan sin remuneración, 60 por ciento de los que trabajan lo hacen con algún familiar, 30 de cada 100 laboran en el sector agrícola y 52 por ciento en el de servicios y comercio.

Cerca de 20 millones de niños realizan distintas tareas en sus hogares, de los cuales 2 millones no asisten a la escuela.

Se considera trabajo infantil a toda tarea que priva a un menor de su niñez e impide su desarrollo físico y sicológico.

Un boletín difundido por la UNAM señala que 12 por ciento (2.5 millones de menores) destinó al menos 15 horas a la semana a quehaceres domésticos y 7 por ciento hasta 24 horas. Al respecto, hay una controversia sobre si estas tareas deben ser consideradas trabajo infantil.

En América Latina –refirió el investigador– existe el compromiso de erradicarlo para 2020. Para eliminar toda actividad que atente contra la integridad y dignidad de ese sector de la población, e interfiera con su educación y desarrollo físico y sicológico, el Estado debe comprometerse a establecer los 15 años como la edad mínima de admisión al empleo. Asimismo, se requiere eliminar la esclavitud, la servidumbre y la utilización de menores para la prostitución, pornografía, actividades ilícitas y conflictos armados, indicó.

El texto constitucional garantiza a todos los mexicanos el derecho a la educación básica obligatoria hasta los 15 años. Por tanto, es recomendable modificar el artículo 123 de la Carta Magna para prohibir la ocupación de menores de esta edad, a fin de ratificar el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la materia.

El convenio 182 de la OIT –ratificado por el gobierno mexicano– incluye entre sus peores formas todas las actividades que atentan contra la dignidad del menor.

En esta categoría se contempla la esclavitud o prácticas análogas, como la venta o trata de niños o niñas, servidumbre por deudas y la condición de siervos; además del reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarlos en conflictos armados.