e acuerdo con informes del Banco de México, en cerca de una década el crédito otorgado por la banca comercial a los productores agrícolas se redujo en 50 por ciento. En el mismo lapso los financiamientos a los sectores industrial y de servicios también experimentaron una merma, en tanto que los créditos destinados a financiar préstamos al consumo crecieron en cerca de 600 por ciento.

Tales datos resultan esclarecedores para ver, en toda su crudeza, las distorsiones introducidas por las corporaciones bancarias en la economía: privilegian el endeudamiento por la adquisición de bienes de consumo, muchos de ellos importados, en detrimento de las actividades productivas. La razón de esta tendencia es transparente: los préstamos personales mediante tarjetas de crédito o cuentas de nómina son productos financieros significativamente más caros que los créditos para la producción, lo que permite a las entidades bancarias privadas incrementar el margen de sus utilidades.

En contraparte, según señala el dirigente barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar, la banca de fomento –en la que se encuentran instituciones como Nafin, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banobras, Banjército y Financiera Rural– ha sido sistemáticamente reducida por las políticas económicas imperantes con el propósito de beneficiar a las instituciones privadas. Por ello, la banca de fomento es incapaz de cubrir los huecos que dejan las empresas financieras privadas en sectores que les son poco atractivos en términos de rendimiento. En la falta de cobertura financiera se encuentran las actividades agrícolas, pesqueras y silvícolas.

En estas circunstancias ha de ponderarse el exhorto formulado ayer por el presidente Enrique Peña Nieto a Banrural, Bancomext, Nafin y Financiera Rural, a alcanzar una meta de otorgamiento de créditos por un billón de pesos, un adjetivo descrito como ambicioso y viable por el político mexiquense. Según su estimación, de lograrse tal objetivo, la banca de desarrollo haría crecer los créditos en 10 por ciento.

En el acto, realizado en Los Pinos, el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, trazó como propósitos de la banca de desarrollo ser instrumento de innovación y creatividad para otorgar créditos directos, trabajar en forma innovadora con los intermediarios del sector privado, abrir mercados e inducir a la competencia.

Tales lineamientos difícilmente permitirán cubrir las necesidades crediticias de vastos sectores del país hoy marginados por la banca privada, por cuanto, previsiblemente, será ésta la principal beneficiaria de una acción conjunta, y sus servicios de intermediación consumirán buena parte de los recursos colocados por la banca de desarrollo.

Es oportuno recordar los antecedentes: desde la privatización decretada durante el salinato y el corrupto y oneroso rescate que emprendió la administración de Ernesto Zedillo, las corporaciones bancarias privadas, hoy en manos foráneas en su casi totalidad, han obtenido ganancias astronómicas –transferidas, en la mayor parte, a sus matrices en el extranjero– no con el negocio legítimo de captar ahorro y otorgar préstamos, sino medrando de los bonos del Fobaproa –es decir, del dinero público– e imponiendo, sin control oficial alguno, costos y condiciones leoninas tanto a ahorradores como deudores privados.

Ello ha tenido un costo funesto para el desarrollo nacional, por cuanto los sectores productivos del país –especialmente, el agro y las pequeñas y medianas empresas– han vivido durante lustros sin disponer de crédito.

Si no se modifica en forma sustancial el marco legal que ha permitido este funcionamiento distorsionado, parece difícil el cumplimiento de los propósitos oficiales en materia de desarrollo. Por ello se requiere de una reforma financiera que, en vez de facilitar la persecución sobre pequeños deudores, acote en primer lugar las condiciones de saqueo y devastación en las que han operado los bancos asentados en el territorio nacional.