La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pretende aprobar en masa un conjunto de 60 dictámenes y minutas de reformas a la Constitución, entre ellas la de Francisco Arroyo Vieyra (PRI) que modifica el artículo primero, para que en contradicciones en materia de derechos humanos entre los tratados internacionales y la Carta Magna, prevalezcan las disposiciones de esta última.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno (PRD), convocó para este miércoles a la mesa directiva, y en los temas polémicos, como en el caso de la propuesta de Arroyo Vieyra (aunque en enero había anunciado el retiro de su iniciativa), se presentarán dos proyectos, uno en favor y otro en contra, para que mañana se decida por cuál votar.

La intención es que los temas aprobados puedan ser incluidos en un eventual periodo extraordinario de sesiones.

Ante la polémica que generó su iniciativa entre organismos de derechos humanos, que la definieron como un retroceso en la materia, Arroyo Vieyra anunció que solicitaría se retirara la propuesta, que fue retomada por el senador Raúl Cervantes –ex jurídico del PRI–, pero la Comisión de Puntos Constitucionales la valida.

En el proyecto, incluido en el orden del día de la mesa directiva, se pretende modificar el segundo párrafo del artículo primero constitucional, que se refiere al principio pro persona, y agregar la siguiente redacción: ‘‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional’’.

En los considerandos, la comisión argumenta al respecto que ‘‘el principio de supremacía constitucional representa la unidad de un sistema normativo y apuntala para los hombres un cierto margen de seguridad, porque éstos saben que ninguna ley, tratado o acto debe restringir la serie de derechos que la Constitución les otorga y que si tal situación acontece, existen medios o mecanismos para resarcirles de la arbitrariedad suscitada’’.

Con el dictamen a la iniciativa de Francisco Arroyo Vierya, indica, ‘‘se busca transitar hacia un Estado más que de derecho, a un Estado constitucional, mediante el pleno respeto a un bloque de constitucionalidad compuesto por la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos’’, pero sólo ‘‘donde éstos guarden congruencia con la Constitución’’.

Asimismo, la comisión incluyó entre los proyectos de dictamen el que avala la minuta del Senado para constituir la fiscalía nacional contra la corrupción, al considerar viable reformar el artículo 102 de la Constitución, que permita integrar un órgano autónomo que combata ‘‘un problema complejo, con distintas causas y efectos’’.