Para resolver el tema de las desapariciones forzadas en México no sólo es necesario hacer reformas legislativas –como la creación de una ley general en la materia, solicitada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos–, sino transformar por completo la estructura judicial del país, afirmó Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Luego de su participación en el seminario Desapariciones forzadas, crimen de Estado y rendición de cuentas –realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, el especialista subrayó que la adaptación de las normas internacionales de derechos humanos en México es absolutamente deficiente, con excepción de algunas cuantas leyes estatales, como la de Nuevo León.

Ante ello, es necesario que México haga una reforma profunda en la tipificación de este delito, pero también en la atención a las víctimas y en la investigación. Es muy importante que se dé ese cambio legislativo (la ley general contra las desapariciones forzadas), pero no sería suficiente porque México es un país de muchas leyes, pero sin justicia, deploró.

Un ejemplo similar es la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que representa una acción positiva, pero si no va a tener recursos y respaldo político al más alto nivel, difícilmente cambiarán las cosas. Se necesita un cambio estructural en las instituciones públicas.

De igual forma, Santiago Corcuera, integrante del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lamentó que las leyes mexicanas sobre este crimen de lesa humanidad presenten una situación tan irregular, con algunas entidades que han hecho esfuerzos importantes para tipificarlo, al mismo tiempo que otras tienen rezagos enormes.

Lo ideal es que la tipificación siga al pie de la letra lo que establece la convención de la ONU. ¡No le metan creatividad, apliquen la infalible técnica de copiar y pegar!, enfatizó Corcuera, quien pidió prontos resultados contra las desapariciones, más que crear leyes o instituciones.

Especialistas como Octavio Amezcua, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Héctor Cerezo, del Comité Cerezo México, explicaron que las desapariciones forzadas son un crimen de naturaleza continuada que ha sido aplicado por el gobierno desde finales de los años 60 del siglo pasado.

De igual manera, parientes de víctimas presentaron su testimonio para ilustrar de qué forma una desaparición altera por completa el bienestar de una familia al dejarla en un estado de incertidumbre constante por no saber si su ser querido está vivo o muerto.