El Instituto Federal Electoral (IFE) aguarda la notificación formal del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relativo al embargo de poco más de 20 millones de pesos de las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para liquidar el adeudo que tiene con un empresario derivado de una relación mercantil que data de 2006, señaló la consejera electoral Macarita Elizondo.

En entrevista destacó que el tema es inédito por la vinculación que se establece entre el derecho mercantil, por el que el empresario optó mediante un juzgado civil hasta llegar a un asunto ya resuelto a su favor y, el derecho electoral donde, en principio hay una restricción de la procedencia de los amparos que discutió y dirimió recientemente la SCJN

La consejera manifestó que en su momento el IFE habrá de discutir los alcances de un tema en el que, destacó, no existe jurisprudencia y en el cual existe una intersección de competencias en materia de control constitucional.

Elizondo se cuestionó: ¿Cómo es posible que una misma materia pueda ser del conocimiento de dos órganos? El juez civil y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso, dijo, frente a un mandato de una autoridad judicial, ya veremos la determinación que adoptarán los consejeros.

En cualquier caso, mencionó, de procederse a retener el dinero adeudado por el PRD a la empresa, está claro que procedería sólo en cuanto a las prerrogativas que corresponden al gasto ordinario de los partidos, y no sobre las partidas que se asignan para el financiamiento de las campañas, porque ello sí implicaría colocar al PRD en una situación de desventaja para participar en los procesos electorales.

Recordó que el tema está pendiente desde 2010, cuando concluyó el juicio mercantil confiriéndole la razón al empresario, por lo que desde entonces el IFE recibió la petición. En su momento, los consejeros rechazaron, por una mayoría de 6 a 3 la petición del juzgado por considerar que el IFE no podía embargar las prerrogativas perredistas para destinarlas a un fin distinto al que determina la legislación electoral.