El preso tzotzil Rosario Díaz Méndez, miembro de la Voz del Amate y adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona, quien lleva ocho años en prisión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recibió este martes una sentencia de 20 años, acusado de secuestro. Infundadamente, según numerosas evidencias que no consideró Jacqueline Ángel, juez de primera instancia en Simojovel.

La injusticia sigue, escribe Díaz Méndez desde su celda en el penal número cinco de Chiapas. La nueva condena, contenida en el expediente 333/2005, es por el delito prefabricado de secuestro, a pesar de que los agraviados dicen no conocerme y piden mi libertad, y a mis testigos de descargo ni los mencionan, pues la autoridad es ciega y sorda. Añade que el origen de su persecución judicial fue por encabezar a uno 300 pobladores de Huitiupán contra la cancelación de medidores del agua potable que estaba sufriendo mi municipio en manos del ayuntamiento presidido por Hernal González López. El funcionario involucró en 2005 a personas que lo acusaron de secuestro. Pesa también sobre Rosario una acusación por presunto homicidio, por la cual ya fue condenado a 25 años e interpuso una apelación de la cual se espera sentencia en las próximas semanas.

Piden que intervenga Velasco Coello

Díaz Méndez exige al gobernador Manuel Velasco Coello dé fin a este injusto encarcelamiento, y lo emplaza a que cumpla con su palabra del 18 de abril, cuando se comprometió a liberarnos (a los presos adherentes de la Sexta).

En tanto, la Red contra la Represión demandó la absolución de Díaz Méndez por el homicidio que se le imputa (expediente 47/2005) y convocó a protestas en los distintos países donde los presos de la Sexta cuentan con simpatizantes que demandan su excarcelación.

El pasado 24 de enero, el juzgado de Simojovel dictó sentencia condenatoria por homicidio pese a las evidencias claras de su inocencia, sostiene la Red. La primera sala penal en Tuxtla Gutiérrez determinó reponer el procedimiento para el desahogo de pruebas relevantes a favor del preso. En abril se esperaba su expediente en el juzgado de San Cristóbal, pero llegó incompleto y fue regresado a Simojovel. Para la juez Ángel no es de mayor importancia que se siga demorando esta injusticia, y cabe pensar que es una forma de boicot al compañero para encubrir a funcionarios del municipio implicados en la elaboración de pruebas falsas.

La Red expone que Díaz Méndez fue acusado de participar en un asalto ocurrido el 4 de abril de 2005 en Huitiupan, en el que falleció Maurilio Madrigal Rodríguez, comerciante de Tabasco que en compañía de cuatro personas vendía productos de plástico. El ministerio público (MP) de Simojovel omitió de manera negligente y deliberada la práctica de diligencias que hubieran permitido conocer con mayor precisión los hechos y a los responsables. Tres meses después, el MP simula la comparecencia de dos personas más que según el expediente habrían presenciado los hechos. La agencia estatal de investigaciones presentó el 6 de junio de ese año un informe donde aseguraba haberse entrevistado con estos testigos. Estos endebles elementos son la base de la acusación y las decisiones judiciales anteriores a la última reposición del procedimiento.

En el momento del asalto, Díaz Méndez se encontraba en Playa del Carmen, Quintana Roo, trabajando de albañil junto con sus hijos. Los cuatro sobrevivientes del asalto en ningún momento manifestaron haber visto a Rosario participar en el delito y cuando en 2008 se carearon con él no lo reconocieron como uno de los agresores.

El MP debió basar entonces su acusación en otros dos supuestos testigos, Rogelio Gómez García y Juan Gómez Cortez, quienes habrían declarado ver los hechos e identificar al acusado. No obstante, ambos vivían lejos de los hechos y es poco probable que los presenciaran. El segundo estaba a la sazón gravemente enfermo y fallecería 12 días después de su presunta declaración. El primero, en un careo realizado en 2012, desconoció la declaración ministerial en la que supuestamente acusaba a Díaz Méndez. Estamos frente a un clásico montaje judicial por venganzas políticas y favores personales de las cuales Rosario es víctima y no victimario, concluye la Red.