Pachuca, Hgo., 6 de junio.

Los gobernadores de los estados de la zona central acordaron revisar leyes y reglamentos con que operan casinos, casas de empeño, lotes de autos y deshuesaderos, a fin de evitar que se involucren con el crimen organizado.

Durante la reunión de seguridad efectuada en la ex hacienda La Concepción, los mandatarios estatales resolvieron también proponer al Legislativo federal incluir en la Ley de Extinción de Dominio los deshuesaderos y lotes de autos.

El próximo lunes las casas de empeño ubicadas en la región centro recibirán de las respectivas procuradurías de justicia un comunicado con el contenido del artículo 75 bis VII de la Ley General de Protección al Consumidor, que regula su funcionamiento, a fin de prevenirlas contra su participación en actividades delictivas.

A la reunión acudieron el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los gobernadores de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz; estado de México, Eruviel Ávila Villegas; Rafael Moreno Valle, Puebla; Mariano González Zarur, Tlaxcala, y Graco Ramírez, Morelos.

Los mandatarios demandaron a las autoridades federales tomar en cuenta sus opiniones al redefinir los exámenes de control de confianza.

Asimismo pactaron homologar los tipos penales de los delitos de robo de autos y a casa habitación, los chantajes y la falsificación de identidad, así como las estrategias y capacitación policiaca.

Inicialmente se anunció una conferencia de prensa, pero al final Francisco Olvera Ruiz sólo leyó los acuerdos y no se permitieron preguntas.

Los gobernadores del centro del país también se manifestaron por elevar a rango de seguridad nacional la lucha contra la tala de bosques, el combate a la contaminación atmosférica y la preservación de los acuíferos.

Propusieron incluir estos puntos en la propuesta que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, presentó hace unos días para crear una comisión ambiental de la megalópolis.

Dicha instancia estaría formada por los estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, el Gobierno del Distrito Federal y esa dependencia federal, a fin de homologar criterios en materia ambiental.