Los concesionarios y permisionarios de casinos en México afirman que el gobierno federal ha sido rebasado por el juego ilegal ‘‘y no ha podido erradicarlo’’, y plantean a la Cámara de Diputados modificar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para pagar sólo 4 por ciento de impuestos de sus ingresos, que para este año se calculan en 701 millones de dólares.

En un documento entregado a la comisión especial de diputados que investiga los permisos otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, los empresarios informan que existen 32 permisos, que amparan 740 salas de juegos y sorteos, de las que hay abiertas 409 en todo el país.

La intención de los empresarios es que la Cámara apruebe una reforma a la citada ley, para constituir una comisión federal de juegos con apuestas y sorteos que se encargue de la expedición de permisos, así como la supervisión y vigilancia de casinos.

De esta manera, aseguran, ‘‘los nuevos permisos no serían resueltos por una persona, sino por un colegiado, y no se otorgarían permisos múltiples, sino únicos e individuales, vinculados a un proyecto de desarrollo regional’’.

Esto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el reglamento de la ley, expedido por Calderón en 2004, y por tanto no existe un mecanismo para regular el juego, pero tampoco para otorgar nuevas concesiones.

Según los casineros, el problema de las casas de juegos con apuestas parte de la indefinición del gobierno federal en esta materia, de un ‘‘marco jurídico rebasado por la tecnología actual (sic)’’, la discrecionalidad de la autoridad en la entrega de permisos, además ‘‘del juego ilegal creciente’’, así como ‘‘escaso personal e infraestructura para que la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos cumpla con sus atribuciones’’, cuando lo que se requiere es ‘‘mayor cantidad de operativos de clausura, decomiso de máquinas y detención de personas’’.

El documento detalla que en México operan 32 grandes permisionarios para instalar centros de apuestas remotas y salas de sorteo de números, que controlan 409 casinos. En éstos, además, existen 90 mil máquinas de juego. Los empresarios están agrupados en dos asociaciones: la de Permisionarios de Juegos y Sorteos, que cuenta con 28 socios, entre ellos nueve que forman parte del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon; además participan Codere, que opera el Hipódromo de las Américas, así como Televisa, y la de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuestas en México, que elaboró el documento para la comisión especial, que cuenta entre sus socios a Exciting Games, a la que la Secretaría de Gobernación suspendió permisos por irregularidades.

Según sus cálculos, ‘‘la industria del juego’’ contribuye al año con 3 mil 700 millones de pesos en impuestos y aprovechamientos en México y genera 50 mil empleos directos y 450 mil indirectos.

No obstante, su intención es pagar menos. En su documento refiere que cabildea con la Secretaría de Hacienda y con la Cámara de Diputados ‘‘para lograr un impuesto más equitativo y proporcional para la industria que dé certeza al que lo paga (así como), facilidad de cobro a quien lo recauda’’.