Ante la inminente entrada del nuevo sistema penal acusatorio, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se prendieron ‘‘focos rojos’’ por el déficit que hay en la designación de más de 30 jueces y 80 magistrados, quienes actualmente son suplidos por secretarios de juzgados y tribunales en funciones.

Actualmente hay un total de 725 órganos jurisdiccionales: 296 son tribunales, unitarios (95) y 207 colegiados (integrados por tres magistrados cada uno) y 429 juzgados de distrito. Es decir, en más de 15 por ciento de los juzgados y tribunales del país no imparte justicia un juzgador calificado para el cargo.

La situación se complica debido a que la legalidad del concurso para elegir a 70 jueces de distrito –actualmente en curso– quedó en entredicho, ya que fue impugnado por algunos aspirantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las serie de inconsistencias que presenta.

Los demandantes cuestionaron, a través de recursos de revisión administrativa, que la primera etapa del examen –realizada en abril pasado– presentaba una serie de irregularidades, como el hecho de que había preguntas elaboradas con base en criterios jurídicos que fueron modificados recientemente por la propia Suprema Corte, lo que se tradujo en que a los afectados les contabilizaron como malas contestaciones que en realidad estaban bien.

Temas sin actualizar

Además, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, en la primera etapa del referido concurso las preguntas no se actualizaron a los contenidos de la nueva ley de amparo que entró en vigor recientemente, lo cual resulta inexplicable, indicaron.

‘‘El concurso que está en proceso premió a quienes no actualizaron sus conocimientos en materia de jurisprudencia y, por si fuera poco, tampoco tomó en cuenta a la nueva Ley de Amparo, la cual constituye la columna vertebral del actual sistema de justicia penal’’, subrayaron.

El último fracaso para elegir a los juzgadores, y con ello la posibilidad de avanzar en la elaboración del perfil profesional que deben reunir los juzgadores federales, ya cobró su primera víctima: el magistrado Leonel Castillo González, director del lnstituto de la Judicatura Federal –órgano encargado de la elaboración e implementación de los concursos de oposición para elegir a los jueces y magistrados federales, previo visto bueno del CJF– fue obligado a renunciar a su cargo a partir del primero de junio.

De acuerdo con funcionarios consultados, el hecho de tener un larga trayectoria como magistrado de circuito, y después en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –el cual presidió–, le valió a Castillo una salida ‘‘tersa’’ y sin mayores complicaciones. En su lugar fue designado el también magistrado Julio César Vázquez Mellado, quien ya ocupó anteriormente la dirección del instituto.

Fuentes judiciales consultadas reconocen el fracaso del Poder Judicial en la consolidación de una carrera judicial, meta propuesta en la reforma constitucional de 1994, en la que mediante concurso de oposición sean elegidos los mejores hombres para ocupar los cargos de jueces y magistrados federales.

Después de casi 20 años de la reforma judicial, que dio lugar al Consejo de la Judicatura Federal (presidido por el presidente de la SCJN), el balance de los concursos de oposición para elegir jueces y magistrados sigue siendo negativo. Los funcionarios consultados señalaron que el CJF no ha sido capaz de determinar el perfil que deben cumplir los jueces federales y con ello implementar exámenes de oposición en los que resulten ganadores los que reúnan las características exigidas.

La Corte tiene en sus manos la posibilidad de establecer los criterios para lograr dicho objetivo, cuando resuelva las revisiones administrativas en contra del examen de oposición en curso.

Durante la administración del ministro presidente Juan N. Silva Meza se ha han llevado a cabo tres concursos para seleccionar jueces de distrito. Los dos primeros, para elegir a 60 juzgadores (30 en cada uno), fueron cancelados porque fueron declarados inconstitucionales por la Corte al resolver revisiones administrativas de los participantes.

Ante el fracaso, el CJF convocó a un nuevo concurso para designar a 70 jueces, el cual ya fue impugnado en su primera etapa. Con la necesidad de nombrar magistrados de circuito, el Consejo de la Judicatura realizó un concurso para que 40 jueces ascendieran a magistrados.

Lo anterior ha creado un círculo vicioso. No hay jueces suficientes en funciones, tampoco para ascender y cubrir las plazas de magistrado. En lugar de ello, quienes están actuando son secretarios de juzgado y tribunales, quienes no necesitaron ni siquiera aprobar exámenes.