Madrid, 29 de mayo.

José Castro, el juez de Palma de Mallorca que instruye el caso de Iñaki Urdangarin, el yerno del rey Juan Carlos acusado de corrupción, solicitó a la Agencia Tributaria (máxima autoridad fiscal) que investigue y recabe información de la infanta Cristina a partir de 2002. El magistrado amplía así cinco años los informes que pidió, que abarcaban de 2007 a la fecha, con la intención de estudiar presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de dinero.

Cristina, la hija menor de los reyes de España, será investigada a fondo por los inspectores de Hacienda como solicitó el magistrado Castro, quien preside las investigaciones sobre el entramado empresarial que creó su esposo, Urdangarin, con el objetivo de desviar recursos públicos.

El juez sospecha que Urdangarin podría haber sustraído algo más de 15 millones de euros de fondos públicos, que obtuvo de favores de diversas administraciones autonómicas y municipales, sobre las de Valencia, Madrid y las Islas Baleares, todas gobernadas por el conservador Partido Popular (PP).

Urdangarin tenía dos sociedades o empresas, una llamada Nóos y otra Aizoon. Desde esta última desviaba el dinero a paraísos fiscales y es el principal argumento del magistrado para imputar a la infanta Cristina, una vez que aparece como vocal y hay diversos correos electrónicos que prueban su vinculación a la gestión cotidiana del entramado. De hecho, en el registro de la propiedad, Aizoon tiene registrado el nombre de la infanta Cristina como la propietaria de 50 por ciento de la empresa, mientras la otra mitad es propiedad de su marido.

El juez exigió también un informe sobre las cuentas bancarias en las que la hija de los reyes de España sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.