En el territorio nacional formalmente están detenidas las operaciones de los agentes estadunidenses dedicados a combatir el narcotráfico y otros delitos: las agencias Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Aduanas e Inmigración (ICE), y de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF), y sus protocolos de actuación están en revisión, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, ello no significa que hayan puesto pausa a sus actividades de infiltración en organizaciones criminales de México, coopten informantes y lleven a cabo sus propias investigaciones secretas, reconocieron los funcionarios entrevistados.

También señalaron que la DEA –quien tiene el mayor número de centros de operación en México– mantiene sus estaciones regionales, pero ya no acompañan a las autoridades mexicanas en sus operativos, y toda la información que entregan es corroborada para evitar que se reiteren fracasos judiciales del pasado.

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que con base en datos proporcionados por testigos protegidos del gobierno estadunidense y no corroborados por fuentes propias, se iniciaron fallidas averiguaciones previas o procesos por delincuencia organizada contra militares de alto rango, ex gobernadores y un mando de la Policía Federal, como fue el caso del abogado a quien se cambio la identidad para convertirse en Jennifer.

La información obtenida refiere que tanto la PGR como la Secretaría de la Defensa Nacional se han negado a trabajar –como lo hicieron en los pasados 12 años– teniendo como acompañantes o supervisores a los agentes estadunidenses, y no han realizado intercambios de información antes o durante la realización de operativos en contra del crimen organizado, y ya no se inician averiguaciones previas con base en reportes de ICE y DEA, como si se tratara de las fiscalías de su país.

Sin embargo, explicaron, la Secretaría de Marina-Armada de México mantiene sus mecanismos de colaboración y cooperación con las agencias de Estados Unidos, pese a que para la mayor parte de los representantes de las instituciones de seguridad nacional, antes se deben concluir negociaciones y firmas de los nuevos protocolos de actuación, cooperación e intercambio de información.

Hasta noviembre del año pasado, en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) los agentes estadunidenses participaban en interrogatorios a detenidos y en los operativos lo hacían como observadores disfrazados con uniformes de la Agencia Federal de Investigación y el rostro cubierto con pasamontañas.

Entre los casos en los cuales los agentes estadunidenses orquestaron, dirigieron o supervisaron a las autoridades mexicanas, se encuentran la fallida detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera, en un domicilio del municipio de Zapopan, Jalisco; la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, identificado como autor material del ataque contra los ICE en la carretera México-San Luis Potosí, donde fue asesinado el agente Jaime Zapata –cuando eran acompañados por Miguel Ángel Soto Parra, fundador del cartel de Los Zetas y quien se convirtió en testigo protegido del gobierno de Estados Unidos– y la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca, Morelos: todos estos casos ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón.

Las bases de operación de la DEA en México se localizan en las ciudades de Tijuana, Nuevo Laredo, Guadalajara, Culiacán, Mérida, Ciudad Juárez, Matamoros y el Distrito Federal, y sus agentes operan desde los consulados de ese país, y allí también se concentran ex funcionarios del gobierno mexicano que colaboran de manera encubierta con información, análisis u observación de los fenómenos de narcotráfico, una vez que han abandonado las instituciones mexicanas o que se trabajan para ambos gobiernos, sin que ello sea del conocimiento de las autoridades nacionales.