Quito, 24 de mayo.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asumió hoy para un nuevo mandato de cuatro años con la promesa de mantener los programas sociales, acabar con la pobreza, redoblar las reformas y profundizar la revolución, en una ceremonia a la que asistieron los gobernantes de Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Haití, República Dominicana y Georgia.

Sí, juro, expresó el mandatario al asumir ante la presidenta de la Asamblea Nacional unicamaral, Gabriela Rivadeneira, quien también tomó juramento al nuevo vicepresidente, Jorge Glas, ingeniero que estará a cargo de los sectores estratégicos durante el nuevo periodo de gobierno, que se extenderá hasta 2017, fecha en que Correa reiteró que se retirará de la actividad política.

El economista, quien el 17 de febrero ganó en primera vuelta arrollando a la oposición, señaló que la inversión pública se mantendrá este año en 15 por ciento del producto interno bruto (de 86 mil 166 millones de dólares) para seguir los planes sociales y la construcción de infraestructura, en cuyos programas basa su alta popularidad. Tal inversión es financiada principalmente con impuestos y el ingreso petrolero.

Figura prominente de la izquierda latinoamericana, Correa, de 50 años, defendió la apertura de una licitación petrolera para explorar 16 bloques en la Amazonía –señalando que las reservas de 7 mil 200 millones de barriles se agotan aceleradamente– y el desarrollo de la minería a gran escala. Ambas políticas son rechazadas por sectores indígenas.

Afirmó que en el periodo 2006-2012 se consiguió que más de un millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. La tasa de desempleo es en la actualidad de 4.1 por ciento. Enumeró entre sus logros la renegociación de la deuda externa y la duplicación de la recaudación tributaria a partir de 2007.

Gobernará por vez primera con una mayoría absoluta en el Parlamento, tras obtener el oficialismo 100 de las 137 curules en los comicios. Eso le permitirá sacar adelante una serie de reformas mineras, agrarias, penales, de seguridad social y una ley de comunicación rechazada por los grandes medios, con los que sostiene un duro enfrentamiento acusándolos de intentar desestabilizar su gobierno.

Correa sostuvo que la prensa latinoamericana, con las honrosas excepciones de siempre, se dedica al linchamiento mediático. Criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la cual su gobierno promueve una reforma para la que la sede cambie de Estados Unidos a un país de la región.

Por último, rechazó el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba y el coloniaje británico en las islas Malvinas. Censuró que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en Estados Unidos, que mantiene el bloqueo criminal contra Cuba.