Lo acusan de lavar en bancos de Estados Unidos 70 millones de dólares de fondos públicos
Afirma que el gobierno de su país actuó de manera ilegal para facilitar su entrega
Es el primer ex gobernante latinoamericano enviado a territorio estadunidense por un juicio
Sábado 25 de mayo de 2013, p. 26
Ciudad de Guatemala, 24 de mayo.
Alfonso Portillo, presidente de Guatemala en el periodo 2000-2004, fue extraditado hoy a Estados Unidos acusado de lavar en bancos estadunidenses unos 70 millones de dólares provenientes de fondos públicos guatemaltecos.
El sorpresivo traslado de Portillo –primer ex presidente latinoamericano entregado a autoridades judiciales estadunidenses por un juicio legal– ocurrió a las 10:37 de la mañana, casi tres años y medio después de que el ex mandatario fue encarcelado en Guatemala con fines de extradición.
Antes de viajar a Nueva York, donde es requerido por un tribunal federal, acusó al gobierno de su país de haber actuado ilegalmente para facilitar su entrega.
¡Hasta luego, pueblo de Guatemala, esto es un secuestro!
, expresó antes de abordar una avioneta de Estados Unidos, escoltado por agentes de ese país.
Están cometiendo una gran ilegalidad; han violado mis derechos
, dijo ante periodistas, tras señalar que está enfermo y que en su proceso judicial todavía hay recursos de amparo pendientes de resolución, lo cual fue negado por el gobierno del presidente Otto Pérez Molina.
Sin previo anuncio público, el ex gobernante fue llevado la mañana de este viernes del hospital militar de la capital –donde estaba recluido desde hace semanas– a la sede de la fuerza aérea, en el sur de la capital.
Fue transportado en un vehículo escoltado por patrullas de la Policía Nacional. Poco después de llegar a la terminal aérea militar, decenas de simpatizantes del político realizaron una manifestación de protesta.
Mauricio Berriondo, abogado de Portillo, dijo que éste padece arritmia cardiaca y tiene agua en uno de los pulmones, circunstancia que, según la legislación internacional, le impide ser extraditado.
Portillo fue detenido con fines de extradición el 26 de enero de 2010 y estando en prisión fue juzgado por peculado por 120 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares) del presupuesto del Minsterio de Defensa.
El 9 de mayo de 2011 la justicia guatemalteca absolvió de ese delito a Portillo y a sus ex ministros de Defensa, Eduardo Arévalo, y de Finanzas, Manuel Maza.
Los dos ex funcionarios recuperaron su libertad, pero el ex mandatario permaneció preso, en espera del fallo definitivo respecto de la extradición solicitada por Estados Unidos.
La entrega a Washington fue aprobada en 2011 por el entonces presidente Álvaro Colom, después de que el Poder Judicial decidió extraditarlo. El 26 de agosto de ese año, la Corte de Constitucionalidad declaró improcedente la apelación del ex gobernante.
El Departamento de Estado saludó
hoy las acciones del gobierno de Guatemala por su compromiso
con el fortalecimiento del estado de derecho Parte de los fondos presuntamente blanqueados fue una donación por 2.5 millones de dólares del gobierno de Taiwán para proyectos en favor de los niños.
Portillo fue el primer gobernante guatemalteco que protagonizó un juicio por corrupción. Para ese proceso, el gobierno de México lo extraditó el 8 de octubre de 2008.
Parte de la vida de Portillo estuvo ligada a México desde que a principios de la década de 1980 huyó de Guatemala y se refugió en Guerrero, donde consiguió su licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la universidad autónoma de esa entidad. Años más tarde se doctoró en ciencias económicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Después de haberse vinculado a organizaciones guerrilleras guatemaltecas en la década de 1970, Portillo se unió al Partido Socialista Democrático, se sumó a la influyente democracia cristiana en los 90 y más tarde estableció una alianza con Efraín Ríos Montt, líder de una organización derechista llamada Frente Republicano Guatemalteco, que lo llevó a la presidencia en 2000.
En la capital guatemalteca, hoy hubo una nueva manifestación en protesta por la anulación de la sentencia de 80 años por genocidio contra Ríos Montt.