La toma de la dirección general de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), y posteriormente de la torre de rectoría, ‘‘fueron acciones de grupos no muy amplios de jóvenes que hicieron una amalgama confusa de dos situaciones políticas que se habían dado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y las plantearon como demandas que tuvieran una relación entre sí: las expulsiones por los hechos de violencia de febrero pasado en el plantel Naucalpan y el planteamiento de abrir la discusión sobre los cambios a los planes de estudio en dichos colegios’’.

Habla en entrevista con La Jornada el doctor Imanol Ordorika Sacristán, destacado dirigente estudiantil del movimiento que estalló en 1986, estudioso de la educación superior en México, autor de libros como La disputa por el campus; poder, política y autonomía en la UNAM (Plaza y Valdés-UNAM) y director general de Evaluación Institucional de la misma universidad.

‘‘Esos grupos se presentaron como si fueran representantes de la demanda de discusión colectiva y defensores de los estudiantes expulsados. Y no sólo eso, también como defensores autodesignados de los derechos políticos de todos los estudiantes para manifestarse. Pero esa representación no es real, porque las acciones de estos grupos localizados no están decididas ni acompañadas por movimientos de estudiantes. No tienen ni la amplitud de masas ni el consenso de las demandas que les otorguen legitimidad social por parte de los estudiantes.’’

Desde una perspectiva sobre todo sociopolítica, Ordorika comparte que, ‘‘por sus características de aislamiento, poca claridad de demandas y fines políticos, violencia y anonimato’’, la toma de rectoría se presenta como ‘‘un fenómeno político complejo y relativamente nuevo en la universidad; es un ejercicio de acción directa por parte de un grupo pequeño de jóvenes cuya identidad no es conocida, porque se cubren el rostro’’. En términos de argumentación política, las razones de ese anonimato no son claras para el ex dirigente estudiantil.

‘‘En otras épocas de México, como en los años 60, la represión era mucho más ruda y violenta y los estudiantes no se cubrían la cara para actuar políticamente. Parece corresponder más a un estilo que tiene una intencionalidad mediática y de búsqueda de efectos a corto plazo, que han adoptado algunos grupos de jóvenes activistas y que se expresaron en las acciones del primero de diciembre –del modo que caracterizó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con mucha claridad y que ha analizado en sus artículos Adolfo Gilly– de una forma aislada, vanguardista.

‘‘Sin embargo, a fin de cuentas provocó represión en contra de otros jóvenes y movimientos que no estaban involucrados en esas acciones, y tuvo repercusiones negativas en términos de la percepción de la sociedad sobre el derecho a la movilización.’’

El investigador Imanol Ordorika Sacristán, en imagen captada el 5 de marzo de 2011Foto Guillermo Sologuren

–Durante la toma de rectoría llegaron diferentes grupos estudiantiles y en su mayoría les decían a los inconformes que apoyaban sus demandas sobre expulsados y planes del CCH, y en contra de la entrada de la policía para desalojarlos, pero en desacuerdo con la ocupación porque no había sido consensuada –se le comenta.

–Eso muestra claramente la actitud del conjunto de los estudiantes. Básicamente la reacción de éstos fue: ‘Estamos por una solución no violenta, no judicial, pacífica, dialogada de este conflicto. No queremos que entre la policía, pero no estamos de acuerdo con la ocupación de la rectoría’. Si con esas acciones había una pretensión de detonar un movimiento, no tuvo el efecto deseado. Si había otra pretensión no me queda claro cuál podría ser.

Lo que sí le queda claro es que esas acciones, ‘‘intencionadamente o no, dieron pie a una campaña contra la Universidad Nacional por parte de sectores conservadores del país, que la señalan como un espacio conflictivo, irracional, en donde se comete un conjunto de excesos. Abrió paso para la expresión muy fuerte de una campaña continuada que ha tratado de erosionar la presencia nacional y la autoridad moral de esta institución, de limitar o anular el papel crítico que juega en una gran cantidad de temas que ocurren en la sociedad’’.

Destaca que a pesar del enojo, indignación y crítica de muchos universitarios ante la ocupación de rectoría, ‘‘el enorme consenso que había (en favor del diálogo) fue recogido con sensibilidad por la autoridad, y por eso la universidad sale fuerte de este proceso y en condiciones de continuar hacia adelante’’.

–Con el rompimiento del diálogo el jueves pasado, ¿se ha cumplido una etapa?, ¿qué prevés que pueda suceder o qué sería deseable que suceda?

–No sé si las pláticas se han interrumpido definitivamente. Estoy convencido que uno de los diálogos fundamentales que hoy tiene que dar la universidad, que es el tema de los CCH, no depende de las 15 o más personas que ocuparon rectoría. Y en ese diálogo tienen que participar los estudiantes, profesores e investigadores relacionados con el Colegio de Ciencias y Humanidades. Creo que ese diálogo amplio va a continuar, es el que se necesita.

‘‘El otro es un diálogo restringido entre un grupo de interés y la representación de la universidad, que no nos está involucrando a todos. Es muy importante que los universitarios tengamos los espacios y tomemos la voz para participar, porque si no lo hacemos cualquier grupo se puede autoasumir como representante de todos.’’