A través de programas y acciones de gobierno, desde hace más de una década se impulsa la privatización del sistema educativo nacional, por lo que la aprobación de las leyes secundarias del sector, como propone el gobierno federal, ‘‘sólo será la pieza final de un engranaje que se ha construido por años’’, afirmó Lucía Rivera Ferreiro, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Señaló que en muchas escuelas del país los padres de familia ya se hacen cargo de la atención a la infraestructura del plantel, mientras que la iniciativa privada ‘‘incide en las decisiones educativas de las escuelas a través de programas de apoyos y estímulos económicos’’, por lo que consideró: ‘‘No hablamos de un futuro lejano, desde hace varios años es una realidad’’.

Por ello, dijo que las iniciativas de ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para la creación del servicio profesional docente, y las modificaciones a la norma general de educación, establecen claramente ‘‘nuevas condiciones para acceder, permanecer y promoverse en el servicio magisterial’’, acorde con un modelo de regionalización de los servicios educativos donde el maestro ‘‘estará más vinculado a las autoridades y entidades que patrocinen o contribuyan al financiamiento de los servicios educativos’’.

Falta preparación a maestros

En entrevista por separado, Carlos Muñoz Izquierdo, catedrático de la Universidad Iberoamericana (Uia) y ex candidato a integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), alertó que un ‘‘punto central que no se incluyó en la modificación constitucional es la formación inicial de los docentes, a quienes no les podemos pedir más si descuidamos su preparación como profesores’’.

Agregó que uno de los ‘‘temores a la privatización entre el magisterio disidente es el tema de la autonomía escolar, porque se le dan mayores facultades a los directores’’.

En tanto, profesores disidentes destacaron que tal como están planteadas las iniciativas de leyes secundarias ‘‘se deja al magisterio como única elección el trabajo precario y el deterioro aún mayor de sus condiciones de vida’’.

Francisco Bravo, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal, alertó que la reforma educativa peñista ‘‘no sólo es privatizadora sino destruye todo el marco de regulación laboral del magisterio’’.