Uno de los principales factores de desigualdad en México es el riesgo de que una persona caiga en la informalidad al perder su empleo. Para hacer frente a esa situación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno mexicano la creación de un seguro de desempleo.

Consideró que el actual sistema de pensiones en el país está diseñado de tal forma que otorga beneficios a los grupos de población de mayor ingreso. Así, advirtió, la pobreza entre las personas de la tercera edad es un problema.

Los mexicanos mayores de 65 años tienen doble riesgo de caer en la pobreza que la población en edad de trabajar, aseguró el organismo en el reporte sobre México. Ello se debe, abundó, a que el sistema de pensiones otorga beneficios a los grupos de ingresos más altos, ubicados en el sector formal, tanto público como privado, mientras deja desprotegidos a los trabajadores vulnerables, por lo general pertenecientes al sector informal. De acuerdo con cifras oficiales, seis de cada diez mexicanos en edad de trabajar lo hacen en la economía informal.

Con una población que envejece a una velocidad tan rápida hay un grave riesgo de que la proporción de ancianos en condición de pobreza aumente más. La ampliación de la cobertura del programa 70 y Más y la reducción de la edad de elegibilidad de 70 a 65 años, con el fin de incluir a más personas mayores, según los planes del nuevo gobierno, sería una forma viable para combatir la pobreza en la tercera edad, aunque conseguir nuevas fuentes permanentes de financiamiento sería un requisito previo, planteó.

Una de las formas de atacar el problema de la informalidad, propuso la OCDE, es la creación de un mecanismo de protección ante el desempleo. Esto reduciría el riesgo de la informalidad después de la pérdida del empleo, que es un importante factor contribuyente a la desigualdad en México, consideró.

Dada la debilidad de los ingresos fiscales, cualquier reforma de este tipo requeriría un diseño minucioso, apuntó. Una posibilidad menos costosa sería la introducción de un sistema de cuentas de ahorro individuales combinado con un componente de seguro público para quienes perdieran su empleo y no tuvieran ahorros suficientes, como sucede en Chile, propuso.