El desempeño económico de México en la última década fue mediocre y, para revertir esa tendencia, son necesarias grandes reformas estructurales, que van desde la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado a la aplicación de un impuesto al consumo de bienes básicos que hoy están exentos, recomendó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Quitar todas las exenciones en el cobro del impuesto al valor agregado tendría un impacto sobre la población más pobre, reconoció Sean Dougherty, economista principal del organismo para México. Sin embargo, muchas de las exenciones en el cobro de ese impuesto van hoy a la población de mayor ingreso, sostuvo.

La reforma del sector energético, dominado por las dos empresas estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, debe ser llevada más lejos de los cambios introducidos en 2008, que mejoraron el gobierno corporativo de la compañía, la dotaron de autonomía operativa y de un régimen para la contratación de bienes y servicios, indicó el organismo en un estudio sobre México.

Sin embargo, estas reformas deben llevarse más lejos, incluso a través de una enmienda constitucional que permita compartir los riesgos y los beneficios con el sector privado. Un entorno más competitivo para Pemex podría generar incentivos de mercado adecuados para mejorar su eficiencia, aunque también se debería ampliar la regulación para incluir la supervisión de los nuevos participantes, señaló el estudio de la OCDE, organismo encabezado por José Ángel Gurría, secretario de Hacienda en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

Todavía hay margen para permitir mayor participación del sector privado en la industria petrolera a cargo de Pemex, mediante el cambio de las bases de licitación y los esquemas de contratación, así como de la implementación de contratos de incentivos para atraer socios calificados que cuenten con una capacidad técnica comprobada para aprovechar las oportunidades, aseveró la OCDE en su reporte sobre México, una evaluación que realiza cada 18 meses.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que empezó el primero de diciembre pasado, ha establecido lo que la OCDE llama un ambicioso programa de reformas económicas y sociales, para las que, asegura el organismo, ha obtenido un amplio apoyo político.

IVA en alimentos y medicinas

La baja recaudación de impuestos en México se explica, según la OCDE, por el predominio de exenciones y regímenes especiales en los sistemas de impuesto sobre la renta a las empresas y a las personas físicas, así como el impuesto al valor agregado (IVA), que equivalen a 3.1 por ciento del producto interno bruto (PIB), o alrededor de 16 por ciento de los ingresos públicos reales.

El organismo recomendó que en la reforma fiscal que planteará el gobierno en el segundo semestre de este año sean revisadas las exenciones o tasas cero que existen en el cobro del IVA a algunos bienes. No los enlista, pero actualmente los bienes que no pagan el impuesto al valor agregado o tienen una tasa cero para el consumidor final son, entre otros: alimentos, medicinas, libros, servicios médicos y colegiaturas.

El IVA en México rinde menos de lo que podría debido a numerosas exenciones. El coeficiente de eficiencia del IVA, que es una medida tanto de los gastos fiscales (exenciones o regímenes especiales) como de la evasión, es menor en México que en cualquier otro país de la OCDE. Los gastos tributarios son extensos: hay una tasa cero para alimentos (incluidos los elaborados) y medicinas, y otras exenciones como los servicios educativos y médicos, así como tarifas reducidas en la frontera, menciona el estudio. Estos factores disminuyen los ingresos tributarios en alrededor de 1.5 por ciento del PIB, calcula.

Las reformas podrían comenzar con la eliminación de las lagunas potenciales, tales como la tasa de frontera y la falta de retención de impuestos de importación para la industria maquiladora. Se debería volver a examinar la canasta de productos que tienen tasa cero o están exentos, ya que los objetivos sociales se atienden mejor a través de transferencias directas, propone. La tasa del impuesto al valor agregado es de 16 por ciento y de 11 por ciento en las franjas fronterizas.