La queja que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) contra la admisión de la solicitud de amparo tramitada por Elba Esther Gordillo Morales, por considerar que fue extemporánea, es inusual y obedece a una clara intención de mantener en prisión a la maestra, ya que en otras 80 peticiones recientes la autoridad ministerial no interpuso ese recurso, sostuvo Marco Antonio del Toro, abogado de la ex lideresa magisterial.

La queja de la PGR señala que cuando Gordillo solicitó el amparo contra el auto de formal prisión, el 16 de abril pasado, ya había vencido el plazo de 15 días hábiles que establece la nueva ley para impugnar resoluciones de sujeción a proceso.

Sin embargo, dicha ley entró en vigor el 3 de abril, por lo que sus ordenamientos y reglas deben operar para resoluciones y sentencias que dicten los jueces de ese día en adelante.

El auto de formal prisión que impugnó Gordillo fue emitido por el juez federal Alejandro Caballero Vértiz el 4 de marzo pasado, cuando estaba vigente la anterior ley, que no señalaba plazos para recurrir al amparo en materia penal.

Lo que está haciendo la PGR (con la queja) es aplicar un efecto retroactivo de la nueva ley en perjuicio de la maestra, lo cual está prohibido por la Constitución en su artículo 14, dijo Del Toro en entrevista con La Jornada.

Explicó que después de revisar unos 80 casos de solicitudes similares al de Gordillo, tramitados en juzgados y tribunales, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, descubrimos que en ninguno de ellos, sólo en el de la maestra, la PGR impugnó la admisión de las demandas.

La queja de la PGR será resuelta por un tribunal colegiado de circuito en materia penal.

La semana pasada, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de la PGR, señaló que la queja contra la admisión de la solicitud de Gordillo obedeció a que nosotros tenemos un criterio de extemporaneidad de la presentación de esa demanda y ya presentamos nuestra queja, que está radicada en un tribunal colegiado, y veremos qué determinan los magistrados.

Entrevistada durante el quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, Benítez Tiburcio señaló que la nueva Ley de Amparo establece plazos específicos para la tramitación de una demanda, requisito que antes no existía.

Si, al aplicarse la nueva Ley de Amparo se establecen nuevos plazos y eso es lo que nosotros estamos aplicando, manifestó.

Gordillo Morales, quien está presa en el penal femenil de Tepepan como presunta responsable de haber dispuesto ilegalmente de casi mil 700 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tramitó un amparo contra el auto de formal prisión que le fue dictado por un juzgado de distrito.

La maestra fue detenida la noche del 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca, al descender del jet privado en el que viajó desde San Diego, California.

También fueron aprehendidos Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, señalados como operadores de las transferencias a Gordillo.

Según la investigación de la PGR, entre 2008 y 2012 se detectaron movimientos inusuales en dos de las 81 cuentas del sindicato.

Parte del dinero habría sido usado para pagar cirugías estéticas de la maestra, así como compras en galerías y tiendas de lujo de Estados Unidos.

Érick Salvador Rodríguez– detenido un día después de la captura de Gordillo–, quien era mano derecha de Héctor Hernández, el ex tesorero del SNTE, reveló que la dirigente gastaba entre siete y 15 millones de pesos mensuales, y que los recursos, por lo general, provenían de cheques firmados por el actual líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y Francisco Arriola, ex marido de la maestra.