La Comisión Permanente del Congreso de la Unión señaló ayer que durante la aprobación de las leyes secundarias de los artículos tercero y 73 de la Constitución, que obliga a realizar una evaluación al magisterio, se incluya el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la educación.

Ante una propuesta de la representación del PRD, el pleno de la Permanente aprobó un punto de acuerdo por el cual se establece que en ese proceso legislativo se garantice el principio constitucional de la gratuidad de la educación pública y que el sistema de evaluación de los profesores sea objetivo, integral, incluyente, participativo y sin fines punitivos.

En la tribuna del Senado, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que la evaluación magisterial no puede reducirse a medidas disciplinarias que pongan en riesgo la estabilidad laboral, sino utilizarla para asegurar la capacitación y superación profesional docente.

Sostuvo que si bien no se puede estar contra un servicio profesional docente que regule el ingreso y la promoción de los maestros a cargos de dirección y supervisión con criterios de mérito y calidad en su desempeño, la permanencia de los mentores ya está regulada por diferentes disposiciones.

El problema es que existen prácticas de corrupción, simulación o encubrimiento que lamentablemente privan en el sector magisterial, sostuvo.

Al presentar la postura de su grupo parlamentario en favor del punto de acuerdo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, insistió en que se instalen mesas de diálogo con los maestros en el Congreso de la Unión y los congresos estatales.

Es de muy mala educación imponer una reforma educativa a toletazo puro. Aún hay tiempo para escuchar a los profesores antes de que la sordera política despierte a su extremo contrario: la rebelión magisterial. Ni una ni otra son el camino de la educación, expresó.

Durante el paso de los maestros disidentes frente a Televisa, empresa que fue resguardada por cientos de policías capitalinosFoto Francisco Olvera

Monreal sostuvo que los maestros tienen razón al expresar su enojo mediante movilizaciones en distintos estados y el Distrito Federal. Respaldamos su expresión pacífica, porque fue el Congreso el que les negó la posibilidad de discutir, presentar propuestas y participar en la elaboración de la norma constitucional, dijo.

Consideró que después de años de lucha, finalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha logrado por vez primera que se les reconozca como legítimos representantes de los maestros del país.

Por su parte, el diputado Manuel Huerta, del PT, expuso que una reforma de carácter educativo que no incluya la eliminación de los controles del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no tiene razón de ser, porque sigue en la inercia de la opacidad y la complicidad, que resta condiciones de igualdad en el desarrollo profesional de los maestros.

En el punto de acuerdo, la Comisión Permanente señaló que la reforma a los artículos tercero y 73 constitucionales pretende mejorar la calidad de la enseñanza, reivindica la escuela pública y la rectoría del Estado, y sostuvo que estos propósitos no se contraponen a una educación pública y gratuita, a los derechos de los trabajadores ni a una evaluación del sistema educativo.

La Permanente explicó que la evaluación deberá tomar en cuenta las necesidades estatales, regionales y culturales, y no reducirse a medidas estandarizadas, ajenas a las particularidades de la educación.