Washington, 15 de mayo.

El gobierno del presidente Barack Obama tuvo que defenderse hoy de tres escándalos simultáneos. Más de 50 organizaciones de medios estadunidenses protestaron por la intervención de registros telefónicos a periodistas de la agencia The Associated Press (Ap) en una carta en la que ponen en duda la integridad de las políticas del Departamento de Justicia. En respuesta, el procurador Eric Holder insistió en que el espionaje se hizo ante lo que calificó como una severa filtración de seguridad, y más aún, reconoció: no estoy seguro de cuántos casos similares he aprobado.

En un segundo frente, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, exigió que vaya a la cárcel quien resulte responsable por la persecución fiscal a agrupaciones vinculadas con el conservador Tea Party que el Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) realizó. Obama anunció que el titular de la agencia, Steven Miller, renunció y Boehner afirmó que una dimisión no es suficiente para aplacar la indignación de los conservadores e insistió en que haya una condena a prisión.

Fracasa Obama en ofrecer una justificación creíble: NYT

Y en un tercer y no menos grave asunto, la Casa Blanca divulgó 100 páginas de correos electrónicos que exponen las deliberaciones del gobierno tras el atentado en Bengasi (Libia) de septiembre de 2012, tema que desde hace meses genera acusaciones de que hubo un encubrimiento de negligencias en torno al ataque en el que murieron el embajador Christopher Stevens y elementos del personal consular.

Más de 50 organizaciones de medios de Estados Unidos se unieron en una protesta contra la intercepción de registros telefónicos de un centenar de periodistas de Ap por el Departamento de Justicia, que calificaron de operación desmedida, en una carta enviada por el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.

La conducta del gobierno pone en duda la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa y su capacidad para equilibrar, por sí mismo, sus poderes policiales ante los derechos que otorga la Primera Enmienda (de la Constitución) a los medios y con el interés público, afirma la misiva de las organizaciones de medios de prensa.

Holder justificó ayer que intentaba proteger la vida de los ciudadanos estadunidenses cuando decidió interceptar los registros telefónicos de los periodistas en una investigación acerca de lo que calificó como una severa filtración de seguridad.

En respuesta a la misiva, suscrita entre otros por Dow Jones, The New Nork Times, The Washington Post y EW Scripps, entre otros, Holder dijo que la decisión fue parte de una investigación sobre una filtración de seguridad que había puesto en riesgo a la población estadunidense.

En una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Holder recibió hoy duros cuestionamientos de legisladores tanto republicanos como demócratas por el espionaje, incluida la acusación de que el Departamento de Justicia lesionó la Constitución del país.

El procurador replicó que el caso de Ap no es el único de espionaje a la prensa, al señalar: no estoy seguro de cuántos de casos he aprobado. Lo tomo seriamente. Sé que he rehusado a aprobar varios y algunos otros pedí que se modificaran, reportó Notimex.

En un duro editorial firmado por su junta directiva, el diario The New York Times sostiene que el gobierno de Obama ha fracasado a la hora de ofrecer una justificación creíble del espionaje durante dos meses de los registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia de noticias estadunidense.

La acción parece un esfuerzo para amedrentar a informantes, contra quienes el gobierno de Obama ha tomado medidas sin precedente en administraciones anteriores, añadió el Times.

Las protestas de organizaciones de prensa nacionales y extranjeras, así como de políticos tanto opositores como del mismo Partido Demócrata, al cual pertenece Obama, no han cejado desde que se conoció el escándalo, el pasado lunes.

The Washington Post dijo que cualquiera que haya sido el objetivo de seguidad nacional que se haya querido alcanzar, parece estar sobredimensionado por el daño causado a la libertad de prensa y la transparencia del gobierno.

La titular del National Club Press, Angela Grelling Keane, calificó el incidente de grosera violación a la libertad de prensa. Si hay una buena explicación para esto, el público merece escucharla.

Al Tompkins, del Poynter Institute, estimó que los lineamientos del Departamento de Justicia, al igual que la ley de libertad de Corea del Norte, carecen de todo valor, además de ser caóticos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que este tipo de prácticas puede perjudicar el ejercicio de un periodismo libre y afectar el derecho de los periodistas a mantener en secreto la identidad de sus fuentes.

Tampoco han disminuido los ataques contra el gobierno, pese al distanciamiento tanto de la Casa Blanca, que aseguró no conocer el asunto, como del mismo Holder, hombre muy próximo a Obama –que lo ha defendido en ocasiones anteriores– y quien la víspera aseguró que se inhibió del caso de filtración muy muy grave que llevó posteriormente a su subprocurador Jim Cole a ordenar la investigación de los registros telefónicos de Ap.

En todo caso, en un intento por mitigar el enojo de la prensa, el mandatario propuso hoy revivir una ley para proteger más a los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes.

El senador Chuck Schumer dijo hoy que la Casa Blanca le pidió reintroducir una ley para proteger a la prensa, mientras la administración Obama busca controlar los daños provocados por el espionaje a Ap. La iniciativa busca impedir que los periodistas sean obligados a testificar acerca de sus fuentes confidenciales, a menos de que todos los demás recursos sean agotados y que su testimonio sea de interés público.

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo hoy que Obama da la bienvenida a la reintroducción de la iniciativa.

La ley fue aprobada por el Comité Judicial del Senado en 2009, pero no logró pasar en la votación del pleno del Senado.

Cualquier intento de limitación de la Primera Enmienda (sobre libertad de prensa) resulta muy preocupante, al igual que los reportes de que el IRS realizó escrutinios injustificados de grupos conservadores durante un año electoral, adelantó el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Bob Goodlatte.

Tras revisar un informe independiente sobre las acusaciones que pesan contra el IRS, Obama calificó la pasada noche de intolerable e inexcusable la actuación de la oficina recaudadora de impuestos y prometió tomar medidas duras contra los responsables. Tras recibir hoy la renuncia del director de la agencia, Steven Miller, reiteró en una declaración escrita que indagará todo lo necesario para deslindar responsabilidades en el escándalo fiscal.

Aunque la investigación, según Holder, está en manos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Obama también le ha pedido al secretario del Tesoro, Jack Lew, que tome cartas en el asunto para buscar a los responsables del escrutinio tanto de organizaciones conservadoras como afiliados al Tea Party.

En tanto, con la divulgación de los correos sobre el caso Bengasi, la administración Obama intentaba este miércoles dar prueba de su buena fe luego de que sus adversarios políticos lo acusan de haber querido mitigar con elementos de lenguaje el carácter terrorista.

Estas comunicaciones mostrarían la evolución de estos elementos de lenguaje, inicialmente redactados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para ser usados por funcionarios del gobierno y congresistas en sus intervenciones públicas.

Esos primeros textos redactados por la CIA omitieron referencias a Al Qaeda y extremistas islámicos; y fueron usados por la embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Susan Rice, en polémicas entrevistas televisivas ofrecidas tras los ataques del 11 de septiembre de 2012.

La Casa Blanca se negaba a divulgar estos correos electrónicos, pero finalmente cedió.