Las comisiones unidas de Administración Pública Local y Fomento Económico de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) rechazaron una iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles que disponía como obligación de los propietarios de negocios instalar sistemas de vigilancia de circuito cerrado mediante videocámaras dentro y fuera de sus locales.

La diputada local del PRD Ana Julia Hernández Pérez admitió que si bien esas medidas permitirían prevenir abusos contra clientes, particularmente en bares, cantinas y centros de espectáculos, y evitar casos como el de Malcolm-Latif Shabazz, quién falleció a consecuencia de los golpes que recibió por empleados del bar The Palace, en Garibaldi, al negarse a pagar una cuenta inflada, explicó que el proyecto que se discutió estaba mal planteado.

Detalló que la propuesta planteada por el PRI obligaría a todo tipo de establecimientos a instalar dichos sistemas, y aun cuando reconoció que muchos negocios ya cuentan con esos dispositivos, para otros su instalación y mantenimiento resultaría una inversión costosa.

Aunque estimó la posibilidad de que esa obligación pudiera ser excepcional para ese tipo de establecimientos, consideró buscar otras alternativas para evitar casos como el de Shabazz, como la de obligarlos a que contraten para seguridad y resguardo intramuros a personal de las policías complementarias del Distrito Federal: auxiliar o bancaria e industrial.

Aseguró que dichas corporaciones cuentan con personal capacitado no sólo para realizar funciones de vigilancia y seguridad, incluso para impedir abusos contra los clientes por personal del mismo negocio, sino para situaciones contrarias de clientes que actúan de forma violenta, para someterlos con un uso adecuado de la fuerza.

Por lo menos, añadió la legisladora, tendría que garantizarse que el personal con el que disponen para esas tareas cubra los requisitos y se someta a los mismos estudios e instrucción de quienes se alistan a las corporaciones de seguridad pública.

El dictamen, aprobado por mayoría en comisiones, señala: Se desecha la iniciativa porque ya existe el Proyecto Bicentenario Ciudad Segura, de alta tecnología, que tiene en operación 8 mil 88 cámaras de vigilancia, además de que no es viable técnicamente la propuesta, máxime que la seguridad pública corresponde al Estado.