La reforma laboral ha multiplicado la subcontratación y el outsourcing, pues los empresarios mexicanos están abusando de estas figuras; además ha incrementado el despido de personal antiguo y suprimido el pago de salarios caídos en los conflictos obreros; está destruyendo el sistema de protección social, y no ha creado empleos como se prometió.

Un análisis de los efectos de la reforma laboral –a cinco meses de haberse aplicado–, elaborado por el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), señala lo anterior y agrega que tampoco ha mejorado el sistema de justicia, ni la seguridad jurídica para los trabajadores.

La reforma fue un instrumento orientado únicamente a abaratar la fuente de trabajo y el despido, y no resolvió problemas de fondo como la necesidad de contar con esquemas de contratación colectiva que favorezcan la concertación y el desarrollo productivo, una nueva política salarial o la transición a un sistema de justicia laboral que lleve a la desaparición de las juntas de conciliación y arbiraje.

En cambio, las mínimas reglas que se fijaron para regular la subcontratación y el outsourcing, además de que han sido ignoradas por los empresarios, estos las han utilizado para abusar de las formas de contratación. Incluso, las llamadas empresas de servicios que subcontratan a ciento por ciento de su personal, crecieron como hongos y están destruyendo totalmente el sistema de protección social.

No obstante, el sector empresarial mexicano está impulsando una nueva ley laboral que ahonde las ventajas que no pudo lograr en la anterior. Por ello han contratado a especialistas que convenzan a los legisladores de que se necesitan nuevos ajustes que prioricen las mínimas garantías laborales que sobrevivieron, señala el FAT.

Establece además que incluso los cambios en la ley en materia de transparencia sindical, voto secreto en las elecciones y rendición de cuentas a los agremiados, han quedado sin cumplirse.

Después de cinco meses de vigencia de la reforma, aquellos puntos que se introdujeron para hacer más transparente la actuación de los sindicatos, el manejo de los recursos y las elecciones, han sido ignorados por los gremios, sin que nadie los inste a su cumplimiento.

Las juntas locales de conciliación y arbitraje en los estados siguen negando información sobre el contenido de los contratos colectivos, estatutos y documentos de registro de asociaciones, como lo establece la ley.

La autoridad, según el FAT, no está haciendo valer las nuevas reglas en materia de rendición de cuentas, mucho menos de elecciones por medio del voto libre, secreto y directo, ya que ha argumentado que está prohibida la aplicación retroactiva de estos principios, lo que según esta organización es un razonamiento grotesco, porque parte de la falsa premisa de que la democracia constituye un perjuicio para los sindicatos.

El análisis detalla que la referida reforma tampoco ha favorecido en nada las condiciones laborales de las mujeres, las disposiciones con perspectiva de género se quedaron como meros enunciados, pues no contempla herramientas para demandar y castigar a quienes continúan con las viejas prácticas de despidos injustificados a las trabajadoras embarazadas. Por el contrario, el trabajo de las mujeres con las distintas formas de contratación legitimadas como el outsourcing y condiciones como el pago por hora, se ha precarizado mucho más.