El PRD en la Cámara de Diputados presentará mañana una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con objeto de evitar el nombramiento discrecional de delegados de las dependencias, principalmente los que operan programas sociales.

En la iniciativa, el diputado Carol Antonio Altamirano plantea que deben fortalecerse los requisitos para ocupar un cargo de esta naturaleza, entre éstos, que los aspirantes a delegados federales no hayan sido dirigentes de partidos políticos o candidatos a puestos de elección popular, al menos ocho años antes de la designación.

También se busca que este tipo de funcionarios no se hayan desempeñado con el cargo de mando medio o superior en responsabilidades afines a las de la delegación correspondiente, al menos tres años previos a su nombramiento, así como título y cédula profesional ‘‘en materias correspondientes a las atribuciones’’ que se le otorgarían.

El diputado perredista explicó que la iniciativa será presentada en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y tiene como eje evitar el manejo electoral de los programas de la Federación.

Recurrente parcialidad

Hasta ahora, expone en el documento, se vive un fenómeno recurrente en la actuación con fines políticos de los delegados federales, así como la opacidad en el manejo de los programas también federales, la ausencia de mecanismos para presentación de quejas ciudadanas e incumplimiento de los límites que imponen las leyes electorales.

Señala que la falta de una regulación estricta en el nombramiento de delegados impide su imparcialidad, y ello ha posibilitado que se reproduzcan las denuncias que en 2010 manifestaron los diputados federales del PRI sobre la designación partidista de los delegados.

Esta práctica, agrega, se repite en el actual gobierno federal, a pesar ‘‘de que los priístas reclamaron con energía la falta de perfil profesional y el conflicto de interés político por el nombramiento de personas con vínculos partidistas en las entidades donde representaban a la Federación’’.

Antonio Altamirano evalúa que hasta ahora los funcionarios federales no se limitan a cumplir sus funciones administrativas, sino que usan el cargo para tratar de influir en las elecciones, ‘‘no sólo se requiere cesarlos, sino ir más allá y tomar medidas que modifiquen el fondo del problema’’.

La iniciativa en cuestión también propone transparentar los padrones de beneficiarios de programas sociales; incluir un calendario de entrega de apoyos y subsidios a la población con un desglose por estado, municipio y localidad, así como aplicar un mecanismo de atención confidencial, oportuna y accesible para denuncias cuando se condicione la entrega de apoyos a cambio de votar por un partido político.