La Auditoría Superior de la Federación (ASF) definió que la falta de control en las áreas que ejercen el gasto público constituye una de las causas más reiteradas de ineficacias o ineficiencias de los programas públicos, y advirtió que el mejor uso de los recursos federales no depende sólo de los montos, sino de la fiscalización en los estados.

Al recibir las conclusiones que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados entregó a la ASF, el titular de ésta, Juan Manuel Portal, criticó que las deudas de los estados se hayan convertido en una carga para las próximas generaciones.

Sin autonomía ni independencia real, las auditoras no sólo se ven incapacitadas para generar credibilidad en la ciudadanía respecto de sus acciones, sino que tampoco pueden funcionar como contrapeso a los ejecutores del gasto, expresó.

Refirió que, como queda reflejado en el informe de resultados de revisión a la cuenta pública 2011, las transferencias de fondos federales a los estados se utilizan de manera ineficiente o más allá de su destino original, lo que implica un impacto severo en reglones tan importantes como la salud, la educación o la dotación de infraestructura para sectores desfavorecidos.

Sostuvo ante los diputados que a lo anterior se agrega el manejo de la contratación de deuda de los estados.

Afirmó que si bien la contratación de deuda pública es una herramienta válida tendiente a complementar las disponibilidades de los gobiernos estatales y municipales para cumplir con sus planes y programas en beneficio social, debe asumirse con la condición de que su uso sea responsable, técnicamente sólido y bajo estricta supervisión de los órganos de control.

Por otra parte, la Comisión de Vigilancia presentó a la auditoría superior siete recomendaciones para la aplicación del programa de auditorías al ejercicio fiscal 2012, que ya está en curso.

Los legisladores consideraron que la ASF debe fortalecer la fiscalización de los programas sociales, mejorar la presentación de sugerencias a la Cámara de Diputados y perfeccionar la estructura de los informes.

También plantean informar qué entes auditados cumplieron con solventar las recomendaciones dentro del plazo legal, fomentar la atención de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Vigilancia y clarificar las auditorías que tienen un enfoque de desempeño.

En la reunión, la diputada perredista Alfa González Magallanes cuestionó que cada año se repitan observaciones sobre irregularidades en el gasto, y consideró necesario promover la responsabilidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos, así como actuar con rigor contra la impunidad y sancionar cualquier conducta negativa.

No podemos privilegiar burlas, como el caso de la Estela de Luz, en el que nueve funcionarios siguen libres y tal vez no se les fincará responsabilidad, con sólo pagar 5 mil pesos de fianza. Es lamentable que un trabajo de auditoría tan costoso quede impune, expresó.

La legisladora planteó revisar también la forma en que se ejercen los programas sociales, porque su enfoque asistencialista no ha logrado que disminuya la población en condición de pobreza.

La diputada priísta Lourdes Quiñones resaltó que la Cámara de Diputados debe ejercer a fondo sus facultades de fiscalización.

Por ningún motivo debemos permitir que la complicidad y la impunidad sean el mensaje enviado desde esta cámara.