Cuando Enrique Peña Nieto ganó la elección presidencial mexicana, el año pasado, el PRI volvió al gobierno después de una pausa de 12 años. Muchos de quienes recibieron con agrado la retórica del telegénico reformista de 46 años de edad se preocupaban de que, una vez de nuevo en el poder, el PRI regresaría a sus viejos moldes autoritarios.

Peña merece, pues, reconocimiento por sus primeros cuatro meses en el cargo. Habiendo firmado un pacto con los dos principales partidos de oposición para superar el atasco que ha impedido hacer reformas, en especial a los monopolios que causan atraso en el país, el nuevo Presidente se ha enfocado contra éstos. La reforma educativa va dirigida a arrebatar el control de las escuelas al sindicato de maestros, cuya lideresa de mucho tiempo, Elba Esther Gordillo, fue prontamente arrestada bajo cargos de desvío de fondos (que ella niega). Luego vino una medida de largo alcance potencial para obligar a tener mayor competencia en las firmas de telecomunicaciones, que han hecho de Carlos Slim el hombre más rico del mundo, y en Televisa, poderosa red de televisión a la que los críticos de Peña acusan de haberlo favorecido en su campaña. Esta semana el Presidente firmó una nueva ley que restringe la figura del amparo, de la cual los ricos y poderosos abusaban para bloquear medidas administrativas o legislativas.

Peña no es el único que merece crédito. También la oposición, la cual ha reconocido que los mexicanos quieren un cambio y se comporta mejor que el PRI cuando no estaba en el poder.

Un nuevo optimismo rodea las perspectivas de México. El peso se ha elevado 16% contra el dólar desde junio pasado. Pero si Peña quiere cumplir su promesa de subir la tasa de crecimiento de su país a 5-6% al año, tendrá que tomar todavía algunas decisiones más duras.

Por principio de cuentas, promulgar una ley para hacer más competitivas las tele­comunicaciones es sólo un primer paso: se debe aplicar con efectividad. En segundo lugar, mucho depende de la propuesta de reforma energética. México podría ser una superpotencia en este renglón, pero la producción petrolera se ha estancado a partir de 2004, y el país ahora importa gasolina y gas natural de EU. Hay que culpar de esto a Pemex, el monopolio estatal. Tristemente, el Presidente ha dado marcha atrás a la idea de privatizar en parte Pemex, pero al menos debe permitir que ofrezca contratos de riesgo compartido a inversionistas privados para la exploración en aguas profundas, gas esquisto y refinación, e invertir más de sus ganancias en vez de entregarlas al Estado en forma de impuestos. Así pues, la reforma energética debe ir acompañada de cambios fiscales, que además financiarían una reforma en seguridad social diseñada para reducir los incentivos que tienen los mexicanos para trabajar en la economía informal, como hoy hace uno de cada dos.

Otra gran prueba para Peña es la seguridad. Su predecesor, Felipe Calderón, declaró una guerra a los traficantes de drogas en la cual perecieron 70 mil personas en seis años, además de 30 mil que desaparecieron, y en la que el secuestro y la extorsión se volvieron cosa de todos los días. Peña necesita gastar menos recursos en enviar soldados a combatir a los barones de la droga y más en fortalecer la policía y el sistema judicial. Parece que así lo entiende. Ha propuesto una nueva gendarmería paramilitar, pero no ha sido claro en cuanto a la función que cumpliría ni a su financiamiento, y aún le falta trazar un plan para sacar al Ejército de las calles, pese a sus cada vez más numerosos abusos.

El PRI gusta de afirmar que su larga experiencia de gobierno significa que sabe manejar el país. De hecho, Peña parece más apto para el ejercicio del poder presidencial que sus dos predecesores inmediatos. Su pulso firme puede prestar un buen servicio a sus compatriotas, pero si lo usa para resucitar el antiguo monopolio político de su partido, perderá su brillante nueva reputación de constructor de confianza.

Fuente: EIU

Traducción: Jorge Anaya